El Tribunal Constitucional declara nula la DUI

No se puede confundir autonomía con soberanía, dice el constitucional

Eva González Madrid (España), 8 Noviembre, 2017

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, “de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”.

El Magistrado Ricardo Enríquez, ponente de la sentencia, afirma que la norma impugnada contraría “de modo explícito, principios esenciales e indisociables de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña”.

La sentencia afirma además que el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones que integran España “no es ni puede confundirse con la soberanía” y recuerda que un “derecho de autodeterminación”, entendido como derecho a “promover y consumar” la secesión unilateral del Estado, “’no está reconocido en la Constitución, ni cabe aducir que forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados internacionales de los que España es parte’ ni tampoco encuentra fundamento en el derecho internacional”.

Cataluña, según la definición contenida en el Estatuto de Autonomía, es una “nacionalidad [que] ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”. En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Cataluña “trae causa en Derecho de la Constitución Española y, con ella, de la soberanía nacional”.

La sentencia actual coincide en buena parte con la STC 114/2017 que declaró inconstitucional la “ley del referéndum de autodeterminación”.

El Parlament actuó con pleno desconocimiento de la lealtad constitucional

Sobre el Parlamento autonómico, el Pleno afirma que aprobó la ley impugnada “con pleno desconocimiento de la lealtad constitucional”; que pretendió “cancelar de hecho en el territorio de la Comunidad Autónoma y para todo el pueblo catalán la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran a su nuda voluntad”; y que, al actuar de este modo, se situó al margen del derecho y puso “en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto”.

Una vez más, el Tribunal recuerda que dentro de la Constitución caben “cualesquiera concepciones ideológicas”. Pero la conversión de todo proyecto político en norma “no es posible sino mediante los procedimientos de reforma constitucional cuya observancia ‘es, siempre y en todo caso, inexcusable’”. Cuando un poder público pretende alterar el orden constituido de forma unilateral, afirma la sentencia, “abandona” la senda del Derecho “con el consiguiente ‘daño irreparable para la libertad de los ciudadanos’”. Esto último es lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña.

La DUI contradice la supremacía de la Constitución

La ley objeto de análisis “pretende suplantar, prescindiendo de los procedimientos de reforma expresamente previstos en el ordenamiento, el orden constitucional y estatutario vigente en Cataluña por un régimen normativo transitorio” que sería ulteriormente sustituido “por una futura constitución de la república de Cataluña”. Se trata de “una pretensión de ruptura total y absoluta de una parte del territorio del Estado con el orden constitucional y estatutario” que sitúa a la norma impugnada “en una resuelta posición de ajenidad respecto al ordenamiento constitucional vigente”.

La ley contradice, dice el TC, “la supremacía de la Constitución” al pretender situarse por encima de la norma fundamental; advierte que, mediante la aprobación de la norma impugnada, el Parlamento autonómico ”ha olvidado ‘la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente formalizado en la Constitución y la actuación de los poderes públicos constituidos’”; y recuerda que éstos “nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas” por el poder constituyente.

Sólo el pueblo español en su conjunto es soberano

La constitución de Cataluña en estado independiente es, añade la sentencia, “inconciliable con la unidad de la Nación española en la que se fundamenta la Constitución”. La soberanía nacional reside en el pueblo español, explica el Tribunal, y “esta unidad del sujeto soberano ‘es fundamento de una Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al propio tiempo, en estado social y democrático de Derecho”. Se trata de un Estado “común para todos y en todo el territorio”, pero con una “articulación compuesta o compleja por obra del reconocimiento constitucional de las autonomías territoriales […]”.

Sobre la vulneración de la soberanía nacional, el Tribunal sostiene que en el actual sistema constitucional “sólo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva”, por lo que “ningún otro sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede pretender, declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional”. “El pueblo de Cataluña […] ‘no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación española constituida en Estado’ ni es ‘un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional’”.

Imagen sobre el titular.-

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Texto de la STC

 

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