Actualizada el 20-11-2025 a las 11:00 pm
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha declarado culpable a Álvaro García Ortiz por la comisión del delito de revelación de datos reservados (Artículo 417.1 del Código Penal) en Sentencia que, una vez redactada, será comunicada a las partes en el proceso, el propio Fiscal General de Estado y la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
El Supremo condena a García Ortiz al pago de una multa de €7.200, lo inhabilita para el desempeño del cargo de Fiscal General del Estado durante dos años y a entregar al novio de Ayuso €10.000 en concepto de indemnización por daños morales.
Dice literalmente el fallo: «Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.»
El tribunal Supremo absuelve al Fiscal general del Estado del resto de los delitos que se le imputaban, pero debe pagar las costas procesales, o lo que es lo mismo, los gastos en que haya incurrido él mismo para su defensa y los gastos que haya tenido que desembolsar Alberto González Amador como acusación particular.
El Tribunal condena al Fiscal General del Estado aplicando el Artículo 417.1 del Código Penal que dice literalmente:
«1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.»
Deja a un lado por tanto el Supremo la revelación de secretos de un particular de la que se ocupa el apartado 2 del mencionado Artículo del Código penal español que dice literalmente: «2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.»
La condena no ha sido unánime, se emite con tan sólo 5 de 7 votos a favor. Las Magistradas de la Sala II, Ana María Ferrer García y Susana Polo García han emitido sendos votos particulares porque disienten del citado fallo mayoritario.
La sentencia no surtirá efectos hasta que haya sido redactada y haya sido notificada fehacientemente a ambas partes.
El Tribunal Supremo condena al Fiscal General del Estado a pesar de que varios periodistas testificaron durante el proceso que se les habían comunicado los datos sensibles revelados días antes de que los mismos obraran en poder de la Fiscalía.
Queda todavía por ver cuál es el contenido concreto de la sentencia que deberá redactar el Presidente de la Sala porque la ponente que debía hacerlo es una de las Magistradas que han emitido voto particular.
Recordemos que el Tribunal Supremo decidió procesar al Fiscal General del Estado por desvelar datos sensibles relativos a la posibilidad de que Alberto González Amador estuviera buscando firmar un documento de conformidad con Hacienda, encaminado a evitar su procesamiento por la comisión de un delito fiscal. Amador (actual pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) se encuentra en la actualidad procesado por haber cometido presuntamente el mencionado delito fiscal y otros ilícitos penales conectados con el mismo.
Una Sentencia sólo recurrible en Amparo ante el Tribunal Constitucional y en sede Europea
Una vez que le haya sido notificada la sentencia, el Fiscal General del Estado puede plantear un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo. De rechazarse el incidente de nulidad se abre para García Ortiz la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si el condenado entiende que el proceso o la propia sentencia han vulnerado sus derechos fundamentales.
Agotada la vía nacional cabría recurrir las sentencias de los tribunales españoles planteando el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.
Un proceso y una sentencia, la dictada hoy por el Tribunal Supremo, verdaderamente históricos. Es la primera vez que el Supremo procesa y condena a un Fiscal General del Estado en nuestro país. También se trata, tristemente, de un proceso y una sentencia peligrosos para el prestigio de las instituciones judiciales españolas.
Es claro que si se considera finalmente no ajustada a Derecho la sentencia del Supremo esto resultará perjudicial para el prestigio de la judicatura.
Por otro lado, si el Tribunal Constitucional o la Justicia internacional estiman que la sentencia del Supremo se ajusta a Derecho, quedará más que en tela de juicio la independencia de un Ministerio Fiscal cuya cabeza es nombrada directamente el Gobierno. Y quedará en tela de juicio en un momento en el que el Gobierno Sánchez impulsa una reforma del procedimiento penal que pretende poner la instrucción de las causas en manos del Fiscal, no de los jueces, quienes son los encargados de hacerlo hoy por hoy.
La sentencia del Supremo llega en un momento en el que el Gobierno Sánchez impulsa igualmente una reforma en la legitimación de la acusación popular que impediría su ejercicio, entre otros, a partidos políticos, sindicatos y ciertas asociaciones.
Si la condena del Fiscal General del Estado genera alguna consecuencia política para el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez o para o el Gobierno Socialista en su conjunto, se verá, pero Alberto Núñez Feijoo (líder del PP, el primer partido de la oposición) ha exigido a Sánchez hoy mismo la convocatoria de elecciones también por este motivo.
Los medios elucubran sobre la posibilidad de que el Gobierno indulte a Álvaro García Ortiz. La alternativa existe, pero el hacerlo quizá podría pasar factura a Sánchez en clave política.
Imagen sobre el titular.- Álvaro García promete el cargo de Fiscal General del Estado en presencia del Rey Felipe VI, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Imagen Pool Moncloa/Fernando Calvo tomada el 2 de Agosto de 2022. Adaptación de la imagen, Eastwind.
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