Sindicatos y patronal se reunían el viernes para negociar, por enésima vez, las condiciones de la re estructuración del mercado laboral de estiba.
Pero en lugar de hacer camino al andar, más parece que a cada contacto los unos y los otros se encastillan aún más en defender lo suyo, aunque la broma les cueste caro al resto de los españoles.
Los empresarios, por un lado, han visto el cielo abierto con el Decreto que flexibiliza el mercado laboral. Se prometen un horizonte feliz de rebajas salariales y movilidad geográfica. La tentación es grande…y la carne de la patronal…débil, según parece.
Los trabajadores sienten cómo peligra su «taifas» y quieren a toda costa que sus privilegios y la garantía de puestos de trabajo queden grabados, no se sabe bien si a fuego, en el texto del Real Decreto. Algo que la Comisión Europea rechaza de plano.
La Comisión lo único que busca es un mercado único que permita la libre circulación de trabajadores por los puertos comunitarios. Y está dispuesta a imponer sanciones si fuera necesario para conseguirlo.
Fomento, ni con unos, ni con otros, sino todo lo contrario, ve cómo se nos viene encima la gran multa, sin saber cómo evitarlo.
Y los demás españoles, siguiendo, o no, esta pelea de gallos que no tiene pinta de acabar nunca después de que PSOE, Ciudadanos y Podemos decidieran tumbar en el Congreso la semana pasada un Real Decreto que se parece a la Sentencia del Tribunal Europea como dos gotas de agua, y qué remedio.
El Ministerio se ha desmarcado de Anesco (la patronal) realizando una propuesta que «garantiza el mantenimiento del empleo a través de un conjunto de ayudas que van al límite de las que se han venido concediendo en cualquier proceso de reestructuración,» decía ayer la comunicación oficial emitida por el Gobierno tras la ruptura de las negociaciones.
«La petición de los sindicatos de que la subrogación de los trabajadores quede fijada en el Real Decreto Ley que dé cumplimiento a la sentencia colisiona con la postura de la Comisión Europea, que se ha mostrado contraria a que este aspecto figure en la normativa española,» subrayaba.
«La garantía del 100% del empleo está asegurada con la propuesta del Gobierno, que está dispuesto a elevar el acuerdo a un rango normativo.
Lo que no es posible es imponer por ley a las empresas la obligación de contratar a una serie de trabajadores,» subraya el Ministerio.
Mientras tanto alguno de los gigantes del transporte marítimo y la logística que operan en nuestro país se plantea desviar los buques de sus clientes a otros puertos, si el atasco en España continúa. Y podrían irse para no volver. ¿Quién garantizará entonces unos puestos de trabajo que ya no existirán si los clientes abandonan los puertos españoles?.
Como decía Mafalda: «¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante?»
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