El Gobierno de Colombia ha adoptado hoy una deciciópn que acuerda liquidar Electrificadora del Caribe – Electricaribe S.A. E.S.P (Electricaribe), la filial eléctrica de Gas Natural-Fenosa en el país americano. La compañía española ha protestado enérgicamente e incluso se plantea recurrir la decisión Estatal en vía judicial internacional.
Dice la multinacional energética española en un documento de hecho relevante comunicado a la CNMV (Comisión Nacional del mercado de Valores) que «el Gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a €1.300 millones, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable.»
A pesar de todo, y de que el Gobierno colombiano afirma que la compañía no ha atendido a las necesidades de inversión mínimas de Electricaribe, la empresa española ha invertido en su filial colombiana más de €800 millones desde que la adquiriera en 2000, mientras que jamás ha cobrado ningún dividendo.
Tampoco ha acudido el Gobierno de Colombia a este punto ya que, no sólo no ha aumentado su participación en el capital social de Electricaribe sino que la ha rebajado hasta el 14%.
Sobre la decisión de liquidar Electricable, Gas Natural subraya que » la medida adoptada por la Autoridad colombiana es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional.»
Visto esto y a pesar de que deja la puerta abierta a la negociación, Gas natural Fenosa se muestra dispuesta a enfrentarse con el Gobierno Colombiano recurriendo su decisión ante un tribunal internacional. La compañía subraya que debido al comportamiento del Gobierno de Colombia no le queda otro remedio.
De la toma de control preventiva a la liquidación
Recordemos que el 15 de noviembre de 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos del Gobierno de Colombia tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de la Sociedad Electrificadora del Caribe – Electricaribe S.A. E.S.P-.
El comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del país iberoamericano fundamentaba la mencionada toma de control diciendo que «fue necesaria dada la inminente situación de cesación de pagos por parte de dicha empresa.» El comunicado también explicaba que con la medida el Gobierno Nacional busca garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a cerca de tres millones de colombianos en siete de los departamentos de la zona norte de Colombia y a los cuales el Gobierno debe atender para asegurar la prestación de los servicios públicos con la continuidad y calidad necesarias.»
La medida que en su día el Gobierno Colombiano calificó de preventiva, encaminada a «dar tiempo para encontrar una solución que responda a la necesidad de los habitantes de la Costa Atlántica en materia de energía eléctrica, y así mismo para que la empresa asuma sus responsabilidades de operación, inversiones y pagos a los generadores de energía,» deriva ahora en una decisión de liquidación.
Reclamación judicial internacional muy por encima de los €475.000 millones
Dada la situación de hechos consumados, a Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa, subraya la compañía española, que «acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente.»
Gas Natural Fenosa ya se vio obligada a desconsolidar su participación en Electricaribe reclasificándola, por exigencias de la normativa contable, como activo financiero por su valor contable de €475.000 millones. La reclamación internacional se hará, adelanta la empresa española, por la totalidad del justo valor de mercado de Electricaribe, que es muy superior.
Todo empezó en el año 2000
Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en el año 2000. En 2009 Gas Natural adquiere Unión Fenosa, y desde entonces, y de una manera continuada ha estado advirtiendo al Gobierno colombiano acerca de la grave situación y del continuo deterioro de la empresa de distribución eléctrica ante la problemática de la morosidad y el fraude. Desde la compra por parte de la empresa española, se han invertido desde España en Electricaribe más de €800 millones, y jamás se ha cobrado ningún dividendo.
A pesar de la magnitud de las cifras, a pesar de las auditorías al efecto y de los numerosísimos escritos a diversos organismos oficiales, y al hecho de que el Estado colombiano detenta un 14 % del capital social.
El Gobierno colombiano tiene, en tanto que accionista de Electricaribe, un representante en el Consejo de Administración, pero la Administración colombiana y en especial la mencionada Superintendencia, no han tomado las medidas necesarias para evitar el colapso de la sociedad por falta de adecuada regulación y seguridad jurídica.
Regulación, impagos y fraudes capaces de provocar una quiebra
Recuerda Gas Natural Fenosa que Electricaribe es una empresa regulada y, como tal, suministra a todos los clientes de su zona en las condiciones que el Gobierno determina en cada momento.
El marco regulatorio actual no tiene en cuenta, dice la energética española, las especificidades de la zona del Caribe y los problemas que presenta.
Tanto es así que con ese entorno legal Electreicaribe prevé finalizar 2017 con un déficit adicional de €85 millones. La actual gerencia de la empresa ha declarado públicamente que: “hay que cambiar la cultura del no pago, dando ejemplo desde los entes gubernamentales” (Presidente actual de Electricaribe, nombrado por la Superintendencia, 8 de marzo de 2017).
Gas Natural Fenosa denuncia una situación de impagos y de fraude capaces de llevar a su filial a la bancarrota: «Es una auténtica ocurrencia decir que la gestión del riesgo de fraude o impago está en manos de Electricaribe,» afirma la multinacional española.
Y añade: «Sorprende la falta de importancia que la Superintendencia, que dictamina la liquidación, atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude. Es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los €1.300 millones (más de €200 millones sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar. En este punto conviene recordar que a finales del pasado año, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal, superaba los €350 millones».
«A todo lo anterior debe añadirse», continúa Gas Natural Fenosa, «la existencia de fraudes por importe superior a los €100 millones anuales. La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas.»
Dispuesta a litigar
Gas Natural Fenosa «ratifica su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.»
Pero «la decisión de liquidar Electricaribe es contraria al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de la inseguridad normativa existente en el país debido al fraude e impago padecido.»
«La medida adoptada» continúa Gas Natural Fenosa, «es contraria, también, al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país. La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión.
La OCDE promueve el desarrollo de una regulación estable que proteja el correcto funcionamiento de las inversiones en los países miembros, algo que no se está cumpliendo en Colombia en el caso de Electricaribe.»
Por todas estas razones y «dada esta situación de hechos consumados, a Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente.»
Moncloa seguirá apoyando a la empresa española
Dice el Gobierno español, coincidiendo con la compañía, que «seguirá brindando su apoyo a Gas Natural Fenosa si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición, insta al Gobierno de Colombia a que siga dialogando con la empresa, de manera que se pueda alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica.»
Recuerda Moncloa que la «decisión no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica, a pesar de las circunstancias adversas ajenas a la propia empresa.»
Imagen sobre el titular.- Sede de Gas Naturall Unión Fewnosa.
