Golpe a Uber y Cabify.- El Gobierno «decreta» la proporción 1 licencia VTC por 30 de taxi

El Consejo de Ministros ha modificado la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) mediante un Real Decreto Ley que, entre otras cosas, mantiene, como ya se recogía en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre del año 2015, la posibilidad de que una Comunidad Autónoma deniegue nuevas autorizaciones a arrendamientos de vehículos con conductor cuando la proporción entre estas y las licencias de los taxis sea superior a 1/30 (una licencia de VTC por cada treinta taxis).

Según ha explicado Iñigo de la Serna (Ministro de Fomento) durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha tenido en cuenta para aprobar el texto del Real Decreto Ley las sentencias judiciales que están otorgando nuevas autorizaciones de VTC como consecuencia del vacío legal entre la Ley Ómnibus del año 2009 y el Reglamento del 2015. Eso ha roto «de facto» la proporción 1/30: actualmente existen 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, una ratio de 1/9.

Otra razón esgrimida por De la Serna es la proliferación de iniciativas locales y autonómicas para limitar la operatividad de las autorizaciones de arrendamientos de vehículos con conductor en el ámbito urbano, lo que vulnera las reglas de la unidad de mercado y las competencias del Estado.

La norma, ha concluido el Ministro de Fomento, refuerza la eficacia en todo el territorio nacional de estas autorizaciones, garantiza un desarrollo armónico de ambas modalidades de transporte, dota de mayor seguridad jurídica a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor y preserva la convivencia de ambos sectores y las garantías del usuario.

Ni las empresas dedicadas a la prestación de servicios VTC ni la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) están de acuerdo con el Gobierno con esta restricción y otras incluidas en la normativa, mientras que taxistas y empresarios del sector del transporte de viajeros por carretera acogen con satisfacción el nuevo Real Decreto.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de enero de 2018 dejó claro  que la actividad que desarrolla Uber, B.V. ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes». La actividad desarrollada por Uber, B.V. “no es un mero servicio de intermediación sino que constituye una parte sustancial de la prestación de servicio de transporte de viajeros, estando por ello sujeta a la autorización exigida en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”.

El 80% de los servicios VTC en la Comunidad Autónoma donde consiguieron la licencia

Igualmente recoge el Real Decreto la exigencia de que los vehículos adscritos a esas autorizaciones desarrollen su actividad habitualmente -al menos el 80% de los servicios- en la comunidad autónoma en que se encuentren domiciliadas.
Además, la nueva norma señala que la Conferencia Nacional de Transportes -constituida por el ministro de Fomento y las comunidades- analizará la reglamentación estatal y autonómica para mejorar la competitividad, la prestación del servicio y la coordinación en el ámbito urbano e interurbano de los distintos modos de transporte.

La CNMC en contra de la limitación del número de licencias VTC

La CNMC lleva años instando al Gobierno a que derogue las restricciones que afectan al ejercicio de la actividad VTC incluidas en el Reglamento de 2015, incluida la limitación en el número de licencias.

Sobre este tema decía el 21 de enero de 2016 la CNMV: «El Real Decreto permite que la Administración Pública deniegue autorizaciones de VTC cuando, a su criterio, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta negativa será automática cuando exista más de una autorización de VTC por cada treinta licencias de taxi. Dicha restricción limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros. Impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación.»

Patio, logia y pasillos en el interior de la CNMC -sede calle Alcalá de Madrid-. © CNMC.

Pero la Comisión encontraba dos restricciones más a la competencia libre en el mercado del transporte de viajeros incluidas en el Reglamento de 2015:

a) Contratación previa del servicio y prohibiciones de ejercicio.- El Real Decreto establece la obligación de contratar previamente los servicios VTC, prohíbe que circulen con pasajeros sin un contrato de arrendamiento, e impide que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes. Estas restricciones injustificadas impiden que los VTC puedan competir con los taxis en varios ámbitos del transporte urbano de pasajeros, en particular en el segmento de contratación directa en la calle.

b) Compartimentación geográfica.- El Real Decreto determina que los VTC deberán ser utilizados habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre domiciliada la autorización, incorporando un límite máximo de servicios que podrán realizarse en un territorio español distinto al de la autorización.

c) Número mínimo, representatividad y antigüedad de los vehículos.- El Real Decreto establece un número mínimo de 7 vehículos para poder operar en este mercado, una antigüedad máxima de 10 años y otros requisitos injustificados de carácter técnico.

«Todas estas restricciones», decía la CNMC, «son contrarias a los principios de regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, carecen de justificación económica, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, y reducen el bienestar general.»

La CNMC también se ha mostrado contraria al Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. De hecho ha requerido al Gobierno para que lo derogue porque establecía restricciones adicionales a la libre competencia en el mercado del transporte de pasajeros.

José María Martín Quemada (Presidente de la CNMC). Fotografía por CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons. para ver el original de la imagen clic aquí
Concretamente la CNMC se mostraba contraria a las siguientes restricciones:

a) Prohibición de comerciar con las licencias de los vehículos VTC durante los dos años siguientes a su expedición.- La CNMC considera que esta prohibición desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo. Con esta medida, se limita la liquidez del mercado secundario de licencias, cuya función es facilitar que haya más empresas en el mercado. Esto terminará repercutiendo negativamente sobre los pasajeros, usuarios de los servicios VTC.

b) La obligación para el titular de la licencia VTC de comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje que realizan antes de su realización.- Esta medida supone una barrera a la movilidad geográfica de las compañías VTC, tanto por la exhaustividad de la información que se les requiere como por la exigencia de comunicación del viaje antes de que lo realicen. La CNMC señala que no se aprecian motivos que justifiquen la creación de un registro a escala nacional donde deban figurar singularmente cada uno de los servicios prestados por cada operador antes de que se realicen. Se trata de un control administrativo de la actividad que podría perfectamente realizarse a posteriori.

Taxistas y profesionales del transporte de viajeros por carretera «jalean» la aprobación del Real Decreto

Taxistas y empresas dedicadas al transporte de pasajeros por carretera se han opuesto frontalmente desde el principio al desarrollo de empresas como Uber y Cabify dedicadas, según ellos a la prestación de servicios de transporte pero no sujetas a las regulaciones de seguridad para los viajeros y a la fiscalidad que grava las actividades de taxistas, empresarios y conductores de autobús.
Dejaron su posición clara a la CNMV en el periodo de consulta pública antes de la emisión de su informe y esta posición no ha variado desde entonces.

Asintra (Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros), concretamente, se refería al consumo colaborativo de servicios de transporte como una actividad que: «está afectando gravemente al autobús y al taxi en el drenaje de viajeros, con las consiguientes consecuencias en materia de seguridad y fiscalidad, suponiendo una práctica de competencia desleal que precisa de una regulación específica.»

Rafael barbadillo (Presidente de Asintra). © Asintra

Esta misma mañana Miguel Ángel Leal (Presidente de Fedetaxi -Federación Española del Taxi-) daba la bienvenida al Real Decreto aprobado por el Gobierno: «Desde Fedetaxi, como asociación mayoritaria del sector en España, queremos expresar nuestra satisfacción y apoyo a este instrumento legal que representa un gran paso adelante para poder poner fin a la situación de inseguridad jurídica y social en la que se encuentra nuestro sector desde hace años.»
“Han sido unas intensas negociaciones con el Ministerio de Fomento, abordadas desde la profesionalidad, el realismo y el sentido común, entendiendo todo lo que estaba en juego y, sobre todo, la necesidad lograr el mejor resultado posible con las cartas que nos han tocado en esta partida”, añadía Leal.

En éste figura un incremento acumulado de más del 200% de expedientes sancionadores a vehículos VTC de los que usan Uber y Cabify, llegando a haberse multado, solo en la Comunidad de Madrid a 4.000 vehículos de 10.000 inspeccionados. Considerando que se han producido más de cinco millones de servicios en dicha región, la extrapolación de infracciones sería alarmante.
Julio Sanz (Presidente de la Federación del Taxi de Madrid) pedía a Cristina Cifuentes el 28 de febrero de este año una «mayor contundencia en las sanciones a las VTCs».

Maraiano Sylveira (CEO Cabify) -izquierda- y Dara Khosrowshahi (CEO de UBER) -derecha-. respectivamente, © Cabify y © UBER.

También le trasladaba entonces tres peticiones más de los taxistas madrileños:

a) solicitar un informe a la Abogacía de la Comunidad de Madrid sobre sus competencias a la hora de regular las VTC e implantar una licencia urbana sobre dichas autorizaciones, como actualmente tienen los taxis.

b) Que se extingan las licencias que no se exploten directamente, eliminando así la posibilidad de arriendo ilegal de las mismas.

c) Estudiar la posibilidad de modificar el Reglamento para habilitar determinados recorridos del taxi, y que de este modo pueda ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo, reduciéndose así el precio para los clientes.

Miguel Ángel Leal (Fedetaxi) transmitía al Director General de Transportes del Ministerio de Fomento, Joaquín Del Moral el pasado 15 de marzo su preocupación ante la alta tasa de infracciones por parte de los vehículos VTC, que se desprenden de los datos de ejecución del plan anual de inspección de transportes de 2017.

Miguel Angel Leal (Presidente de Fedetaxi). © Fedetaxi

De acuerdo con este informe, se había producido un incremento acumulado de más del 200% de expedientes sancionadores a vehículos VTC de los que usan Uber y Cabify, llegando a haberse multado, solo en la Comunidad de Madrid a 4.000 vehículos de 10.000 inspeccionados. Considerando que se han producido más de cinco millones de servicios en dicha región, la extrapolación de infracciones sería alarmante.

“El modelo de negocio de las plataformas se basa en el desprecio a la Ley, y hay que embridarlo con medidas urgentes”, declaró Leal, quien reafirmaba entonces su compromiso decidido porque Fomento tutelara el servicio público de taxi y la mejora del mismo.

Más allá el pasado 13 de marzo Fedetaxi pedía la dimisión de José Maaría Martín Quemada (Presidente de la CNMC) y Leal subrayaba: “Nos parece bochornoso que instituciones como la CNMC puedan estar utilizando recursos de permanente conflicto para intentar impedir un control efectivo de las plataformas digitales, vistos los alarmantes datos que reflejan las inspecciones a que han sido sometidas”.

El Presidente de Fedetaxi afirmaba además el pasado 28 de marzo que: “Estas plataformas digitales no están ampliando la competencia ni la variedad y especialización del servicio, sino que vienen a crear un duopolio, sobre el que en breve veremos una cartelización de precios”.

Imagen sobre el titular.- El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el 20 de abril de 2018. Detalle de la fotografía de Pool Moncloa/J.M. Cuadrado.

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