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El Congreso habilita enero para debatir la Ley de Amnistía mientras el Consejo de Europa no se pronunciará sobre ella hasta marzo de 2024 y la Comisión Europea hasta que la Ley haya sido aprobada. El PP acusa a Sánchez de querer tramitar la Ley con nocturnidad y alevosía

El PSOE agiliza la tramitación de la Ley de Amnistía en el Congreso mientras el PP hace todo lo posible para frenarla en el Senado y para que se condene por anti-democrática la mencionada norma tanto dentro como fuera de nuestro país.

Ayer se supo que la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa examinará y dictaminará sobre la tan traída y llevada Ley de Amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes a cambio de la investidura de Sánchez.

La mencionada Comisión de Venecia elaborará su dictamen a petición del Senado español en virtud de una moción aprobada el pasado 13 de diciembre gracias a la mayoría absoluta que posee el Partido Popular en la Cámara Alta.

Dictamen no vinculante pero con gran prestigio y predicamento internacional

Se conocerá el dictamen de la Comisión de Venecia como muy tarde en marzo de 2024 y este dictamen no será vinculante para España (Estado miembro del Consejo de Europa. No obstante, de ser negativo, no beneficiará precisamente al partido en el gobierno de nuestro país, dado que las opiniones del Consejo de Europa gozan de un gran prestigio en materia de Derechos Fundamentales, justicia y Estado de Derecho.

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Sala de Plenos del Consejo de Europa. Imagen de Adrian Grycuk a través de Wikimedia Commons. Para ver la imagen original y leer los términos de la licencia, clic aquí

La misma Comisión Europea ha invocado los estándares establecidos por el Consejo de Europa en relación con el Estado de Derecho a la hora de reclamar a España la renovación del Consejo General del Poder Judicial y conminar a quienes nos gobiernan la reforma del sistema de elección de los vocales de este órgano de modo que por lo menos la mitad de los mismos sea elegido por los jueces.

Un dictamen negativo del Consejo de Europa con respecto a la Ley de Amnistía que ahora tramita el Congreso de los Diputados de España podría muy bien fundar un requerimiento y en su caso un procedimiento de inclumplimiento de la Comisión Europea contra nuestro país.

No es razonable que el Congreso se habilite exclusivamente para tramitar la Ley de Amnistía, dice el PP

El Portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha acusado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer «tramitar la amnistía con nocturnidad y alevosía».

Tellado ha informado hoy de que la Mesa del Congreso ha acordado habilitar el mes de enero para tramitar la Ley de Amnistía y únicamente para este fin.

«…es cierto que el Reglamento de la Cámara faculta a la Mesa para esta habilitación para cuestiones sobrevenidas de especial urgencia y necesidad. Es evidente que la urgencia es la de Puigdemont y la necesidad es la de un tal Pedro Sánchez. Si no nadie entiende la tramitación especial reservada a esta Ley con cierta nocturnidad y alevosía en lo que tiene que ver a la presentación de enmiendas a la totalidad del articulado. Para que todo quede perfectamente tapado con las fiestas navideñas y con la desconexión del conjunto de la ciudadanía sobre la actualidad política previsible para estas fechas. Nosotros lo que hemos propuesto es que si se habilita el Congreso para la tramitación de la Ley de Amnistía que se habiliten las Comisiones para que comparezcan aquí los Ministros de Pedro Sánchez nombrados un 21 de noviembre y que, si dejamos hacer al Gobierno y a la Presidencia de esta Cámara no comparecerían en sede parlamentaria hasta finales de enero. Y esto es una tomadura de pelo a esta Cámara y a los ciudadanos. La verdad es que, además, permítanme el chascarrillo, escuchando las ocurrencias diarias de algún ministro, corremos el riesgo de que en febrero, cuando Armengol reabra la actividad parlamentaria, alguno ya no continúe en su cargo.

Nosotros creemos que es tremendamente grave el cierre del Congreso que pretende imponer el Partido Socialista. No es razonable que se habilite la actividad parlamentaria única y exclusivamente para la tramitación de la Ley de Amnistía y que los Ministros no concurran para dar cuenta de las líneas generales de su mandato,» criticó Tellado hoy en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.

El Senado insta al Gobierno a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para tratar el asundo de la amnistía y de los pactos de investidura con Junts y ERC

El pasado 13 de diciembre el Pleno del Senado aprobaba una moción en la que se » Comparte la extrema preocupación expresada por la gran mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas ante el hecho de que los acuerdos políticos negociados por el PSOE con los partidos independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, incluyan compromisos firmes sobre:

a. La concesión de una amnistía a beneficio de políticos condenados, procesados o huidos de la Justicia por su responsabilidad en el golpe secesionista de octubre de 2017 en Cataluña contra el orden constitucional o por la comisión de otros delitos de corrupción; y, asimismo, de personas investigadas o procesadas por delitos de terrorismo. Todo ello a cambio de los votos parlamentarios favorables a la investidura de Pedro Sánchez por parte de los partidos a los que dichos políticos pertenecen.
b. El “reconocimiento nacional” de Cataluña, el traslado de dicho reconocimiento al ordenamiento jurídico y el sometimiento de estos acuerdos a su refrendo por los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, tal como se recoge en el acuerdo suscrito entre PSOE y ERC.»

El Pleno del Senado acordó manifestar además que :

«a. La concesión de una amnistía, además de ser manifiestamente ilegal, no es, en modo alguno, un asunto disponible para su negociación entre partidos políticos, porque atenta directamente contra principios fundamentales de la Constitución.

b. Cualquiera que sea la denominación elegida para su camuflaje legal, toda medida con el efecto de una amnistía a favor de personas fugadas, procesadas o condenadas por el golpe secesionista de octubre de 2017 en Cataluña, o por delitos de corrupción, supone una afrenta al principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, vulnera la separación de poderes al usurpar el uso exclusivo de la potestad jurisdiccional por el Poder Judicial y desautorizar a éste, acaba con la seguridad jurídica y, en suma, constituye un ataque frontal contra nuestro Estado democrático de Derecho.

Moción votada en el Senado Ley de Amnistia_convocatoria conferencia Presidentes
Resultado de la votación en el Pleno del Senado sobre la Moción aprobada el 13 de diciembre de 2023 por la que el Senado manifiesta diversas consideraciones en materia de amnistía y unidad nacional e insta al Gobierno a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes al objeto de tratar diversos asuntos en este sentido y su impacto sobre los principios de igualdad y solidaridad, así como sobre nuestro modelo de Estado autonómico

c. Por idénticas razones, es de todo punto inasumible que personas investigadas o procesadas por delitos de terrorismo puedan beneficiarse de una amnistía o de cualquier trato de favor.

d. Resulta inaceptable el intento de justificar tal amnistía con el pretexto de sus supuestos beneficios para la convivencia democrática, la concordia o la estabilidad política, cuando la evidencia es exactamente la contraria: la convivencia democrática es imposible sin el amparo del Estado de Derecho; y, por tanto, todo lo que dañe a éste daña también a la convivencia entre los españoles. Por otra parte, es imposible que la concordia se vea reforzada cuando los beneficiarios de la amnistía, aquellos que pretendieron romper el orden constitucional desde las instituciones y valiéndose indebidamente de recursos públicos a ese fin, no han mostrado el menor signo de arrepentimiento por sus actos e incluso se siguen jactando de ellos.

e. No se aprecia ningún bien jurídico ni interés general en la amnistía pactada para procurar la investidura de Pedro Sánchez, sino sólo una conjunción de intereses egoístas resuelto en un intercambio de favores: por una parte, de una persona que se aferra al poder pese a que su partido perdió claramente las elecciones generales; y, por otra, de unos partidos independentistas que quieren explotar la gran oportunidad ofrecida por la suma de ambición y debilidad política del candidato. En definitiva, lo único que hay es que unos políticos amnistían a otros en pago por sus votos.

f. La concesión de una amnistía bajo estas condiciones supone un enorme daño para el crédito social y la reputación internacional de nuestro sistema democrático. Porque recalificar como “conflicto político” que debe ser “desjudicializado” lo que no fue otra cosa que un golpe contra el orden constitucional, supone someterse al discurso de los propios golpistas y admitir que el Estado, en vez de perdonar, debe pedir perdón por todas las actuaciones que sus distintos poderes, dentro de la más estricta legalidad, llevaron a cabo para defender nuestra Constitución y el ordenamiento legal.

g. Los efectos demoledores para nuestro sistema democrático de una amnistía concedida en estas circunstancias no se agotarían en sí mismos, porque supondrían la habilitación política para que pudieran reintentarse con impunidad actos similares a los que en su momento motivaron —pese a que ahora pretendan borrarse de la historia— las distintas sentencias y resoluciones aprobadas por el Tribunal Constitucional, la autorización por el Senado y aplicación por el Gobierno de las medidas contempladas en el artículo 155 de la Constitución, o las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo.

h. Asimismo, con una mayor perspectiva, una medida de esta naturaleza abriría una letal vía de agua en la homologación democrática de nuestro sistema constitucional, al sentar el precedente de que bastaría con repetir los mismos pretextos que ahora se invoquen para que cualquier delito sentenciado judicialmente pudiera, de ahora en adelante, ser eliminado por vía de ley con efectos retroactivos, si eso sirve para construir o mantener un acuerdo de mayoría parlamentaria, o conviene de algún modo al interés de poder de cualquier partido político.

El Pleno del Senado recuerda además en la moción aprobada que:

a. Conforme a lo establecido en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución y a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto, ni la identidad ni la unidad del sujeto titular de la soberanía son cuestiones sobre los que ningún poder del Estado pueda disponer ni, por tanto, modificar al margen del procedimiento de reforma previsto en el artículo 168 de la Constitución. Sólo el conjunto de los españoles, como ciudadanos libres e iguales, está legitimado para decidir sobre la integridad del Estado y siempre mediante el procedimiento constitucional indicado.

b. Autorizar o tolerar cualquier tipo de referéndum o consulta para que exclusivamente los ciudadanos de una comunidad autónoma pudieran pronunciarse sobre su posible “reconocimiento nacional” y los efectos jurídico-políticos de ello derivados, sería absolutamente incompatible con “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” y fundamento de nuestra Constitución, tal como se establece en su artículo 2.

c. El reconocimiento político de la identidad nacional particular de una comunidad autónoma no es, en modo alguno, una materia disponible para su negociación entre partidos políticos, porque afecta directamente al núcleo de nuestra Constitución.

d. Por la misma razón, este asunto tampoco puede formar parte del ámbito de diálogo político bilateral entre el Gobierno de España y el de ninguna comunidad autónoma.

e. Constitución y unidad de España son conceptos inseparables y, por tanto, romper la unidad de España conllevaría también la ruptura de la Constitución y de todo el régimen de derechos y libertades de cuyo amparo gozan todos los españoles desde hace 45 años.

f. La invocación del falso derecho a la autodeterminación supone asimismo un ataque frontal al derecho a la autonomía que, vinculado a la unidad de España, también consagra el artículo 2 de la Constitución, del mismo modo que el principio de solidaridad interregional.

g. Ninguna comunidad autónoma puede recibir un trato bilateral de privilegio en comparación con las demás, pues ello, además de romper el equilibrio territorial, tendría el efecto, aún más grave, de hacer imposible la igualdad en derechos de todos los españoles.

El Senado insta al Gobierno a la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes al objeto de tratar, entre otros, los asuntos indicados en la presente moción y su impacto sobre los principios de igualdad y solidaridad, así como sobre nuestro modelo de Estado autonómico.»

Imagen sobre el titular.- Miguel Ángel Tellado (Portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados). Imagen, captura del video con sus declaraciones publicado por el Partido Popular en X (antes Twitter).

Eastwind links relacionados:

Moción del Pleno del Senado aprobada el 13 de diciembre de 2023 por la que el Senado manifiesta diversas consideraciones en materia de amnistía y unidad nacional e insta al Gobierno a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes al objeto de tratar diversos asuntos en este sentido y su impacto sobre los principios de igualdad y solidaridad, así como sobre nuestro modelo de Estado autonómico

Aprobada en el Senado la solicitud de informes al CGPJ y al Consejo Fiscal sobre la Ley de Amnistía que será debatida en el Congreso el 12 de diciembre. El PP pedirá cuentas a Sánchez en el Hemiciclo sobre lo que se negocia en Ginebra y el supervisor extranjero

Proposición de Ley de Amnistía (texto completo)

Links externos relacionados:

Declaraciones de Miguel Ángel Tellado (video)

Expediente de solicitud de opinión a la Comisión de Venecia 1167/2023 -España- sobre la Proposición de Ley sobre Amnistía para la Normalización Institucional Política y Social de Cataluña (en curso)

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