La Ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha afirmado que la nueva regulación aprobada hoy en el Consejo de Ministros pretende recuperar la confianza de los inversores en energías renovables que se vieron afectados por la reforma del sector en el año 2013.
En aquel momento, explicó, el cambio en las premisas de rentabilidad y de retribución sobre las que los inversores habían hechos sus cálculos iniciales «redujo enormemente las previsiones de recuperación de la inversión previa y provocó una enorme conflictividad».
La norma pretende, entre otras cosas, terminar con la litigiosidad derivada de la reforma de 2013 y ahorrar al Estado las cantidades que ha pagado o podría verse obligado a satisfacer en virtud de los procedimientos arbitrales todavía pendientes iniciados por los inversores en las instalaciones renovables.
El texto del Real Decreto establece además medidas destinadas a paliar el impacto del cierre, en el año 2020, de ocho de las catorce centrales de generación de energía a partir del carbón que existen en España.
Unas 64.000 instalaciones de renovables anteriores a 2013
De acuerdo con los datos aportados por la Ministra, el número de plantas que se vieron afectadas por la modificación legislativa de 2013 alcanza las 64.000.
Ribera se ha referido también a los numerosos litigios y procesos arbitrales que los inversores entonces afectados, en su mayor parte internacionales, iniciaron, los cuales dado, o pueden dar lugar, al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones por parte del Estado.
El Real Decreto-ley permite a estos inversores con instalaciones anteriores a 2013 mantener hasta el año 2031 la rentabilidad actual por sus instalaciones en el 7,39%, siempre que renuncien a percibir las compensaciones aprobadas a su favor o desistan de los procesos arbitrales o judiciales en curso.
El inversor litigante deberá acreditar su renuncia fehaciente a la percepción de dicha compensación, continuación o reinicio de dichos procesos.
Mayor certidumbre para los inversores: Fijado en el RD el nuevo valor de la rentabilidad razonable
El nuevo Real Decreto actualiza con carácter general el valor de la rentabilidad razonable que se aplicará a las instalaciones de energía renovable, co generación y residuos en el periodo 2020-2025, situándolo en el 7,09% frente al 7,39% actual de media ( entre el en la actualidad es del 7,398% o del 7,503% en función del tipo de instalaciones).
Esta actualización del valor de rentabilidad razonable se ajusta a las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Evita, por otro lado, la situación de incertidumbre que se daría para este tipo de instalaciones en el caso de no aprobarse con rango de ley el nuevo valor de rentabilidad razonable antes del 1 de enero de 2020.
El Real Decreto-ley también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58%. Los últimos cinco años ha sido del 6,503%.
Real Decreto-ley aprobado hoy establece que el Gobierno aprobará antes del 29 de febrero de 2020 el resto de parámetros retributivos que serán de aplicación entre 2020 y 2025, que requerían que previamente se defina la rentabilidad razonable, cosa que el Gobierno ha llevado a cabo ya en el presente Real Decreto de medidas urgentes.
Acciones para paliar las consecuencias del cierre de centrales térmicas de carbón
El Real Decreto aprobado hoy establece además varias medidas destinadas a paliar el impacto negativo que generará el cierre, en el año 2020, de ocho de las catorce centrales de generación de energía a partir del carbón actualmente en funcionamiento en nuestro país.
«El objetivo es que en las zonas afectadas no se produzca un apagón sino una transformación de la actividad industrial y económica», subrayó la Ministra.
Las medidas fijadas en el real decreto aprobado hoy pretenden impulsar la re activación industrial en estas zonas, de las cuales las Comunidades Autónomas de Castilla-León y Asturias serán las peor parada porque cuentan con el mayor número de centrales térmicas de carbón en su territorio (4), seguidas de, Galicia y Andalucía (2) y Aragón y Baleares (1).
Las compañías propietarias de estas centrales son: EDP HC Energía, Iberdrola, Naturgy, ENdesa y Viesgo.
El Real Decreto aprobado hoy establece que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá regular procedimientos y establecer requisitos para que, a la hora de otorgar una nueva concesión de acceso a un proyecto de energías renovables en los nudos donde se acometan cierres, se tengan en cuenta los criterios sociales, incluyendo el potencial de generación de empleo, y los criterios medioambientales.
En cuanto a la concesión de uso de aguas asociada a las centrales térmicas de carbón que cierran. El Real Decreto ley establece que se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso de este agua a iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se ubicaba la central clausurada. De nuevo, para su otorgamiento, se ponderarán criterios sociales y ambientales, teniendo en cuenta, además, que el uso para el abastecimiento de población siempre será prioritario.
Los proyectos de energías renovables futuros que destinen su inversión «a generar empleo de calidad en las zonas afectadas» tendrán prioridad a la hora de obtener las concesiones para la evacuación de electricidad a la red general y el uso de aguas que quedarán liberadas cuando las centrales térmicas cesen su actividad, explicó Ribera.
Imagen sobre el titular.- La Ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el 22 de noviembre de 2019. Imagen, Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
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