Cataluña.- Un “procés” de malversación millonaria de fondos públicos

Llarena cifra la malversación en €1.602.001,57 pero podría ser mayor

Eva González Barcelona (España), 24 marzo, 2018

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesaba ayer a los investigados en la causa penal por el proceso de secesión de Cataluña por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.

Ocupados unos en mantener la quimera de instaurar una república independiente en Cataluña y otros en conservar la unidad de España, la cuestión económica, en otras palabras, cómo se ha venido financiando el capricho independentista de unos pocos ha venido quedando en un segundo plano. Pero a mí no me parece que deba prestarse una atención secundaria a la cuestión económica igual que no debería suceder lo mismo en los casos de terrorismo.

Sobre todo si se tiene en cuenta que “apuntarse” a la causa del “proces” ha permitido a un conjunto de personajes que no habrían salido de su anonimato por méritos propios acceder a un nivel de vida propio de élites dirigentes que nunca habrían soñado disfrutar de otro modo.

Que empresarios de éxito y otros ciudadanos independentistas puedan financiar el tren de vida de Puigdemont y otros implicados en el “procés” puede entenderse. Disparan con “pólvora propia” para hacer realidad una quimera personal por así decirlo. Pero que se emplee el dinero de los contribuyentes para financiar un proceso de secesión que no beneficia ni es querido por la mayoría de la sociedad española no tiene perdón. Es más constituye un delito.

El Auto del juez Llarena fija provisionalmente el monto de los caudales públicos presuntamente malversados en €1.602.001,57.

El juez considera para fijar esta cantidad los gastos públicos, que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum del 1-0 que convocaron los integrantes del Gobierno, lo que incluye los siguientes conceptos:

a) Pagos relativos al desarrollo de la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto, por un importe de €224.834,25.

b) Pagos relativos a la campaña de publicidad y difusión del referéndum, por importe de €277.804,36.

c) Suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por Unipost, por un importe total de €979.661,96.

d) Gastos derivados de la participación de observadores internacionales, la cantidad de €119.700.

Torrent suspende el debate de investidura pero permite que los grupos parlamentarios se posicionen después del encarcelamiento de Turull, Forcadell, Romewa, Rull y Bassa el 24 de marzo de 2018. Foto: parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2018.

Pero la factura podría ser mucho mayor si tenemos en cuenta lo que costaba a la Generalitat mantener las embajadas en el exterior y si incluimos los costes derivados del cúmulo de sesiones parlamentarias inútiles a las que estamos asistiendo, incluido el “no pleno de investidura” celebrado hoy en el Parlament de Catalunya.

Lo que tenía que haber sido teóricamente el segundo Pleno para votar la investidura como Presidente de la Generalitat a Jordi Turull, ha sido transformado por el Presidente del Parlament, el independentista Roger Torrent, en una sesion “panfleto” en la que se ha dado oportunidad a los grupos independentistas y no independentistas de seguir con su retórica sin conseguir avance positivo alguno en la gobernabilidad de Cataluña que pueda satisfacer a la totalidad de los votantes.

Dicho sea de paso, el PP no se ha prestado a este despliegue inútil de retórica. Los representantes del Partido Popular catalán han abandonado el hemiciclo por considerar este pleno un fraude de Ley.

Recordemos que el juez LLarena firmaba ayer Auto acordando cutelarmente el ingreso en prisión de Jordi Turull (candidato a ser investido como Presidente de la Generalitat al tiempo que procesado por rebelión por siu participación en el Procés) apreciando el riesgo de fuga y de reincidencia. Hoy en prisión Turull no podía asistir al Pleno de Investidura en persona, requisito sine qua non para poder participar en el dabate y ser elegido según ha indicado el Tribunal Constitucional.

Jordi Turull durante su intervención en el debate de investidura como Presidente de la Generalitat de Catalunya en el Prlament el 22 de marzo de 2018. Turull no consiguió ser investido. Foto: Parlament de Catalunya (Job Vermeulen). 2018

El juez del Tribunal Supremo también acordó ayer cautelarmente el ingreso en prisión de los siguientes procesados: Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Raül Romeva i Rueda, Antonio Comín i Oliveres, Josep Rull i Andreu, Dolors Bassa i Coll, Clara Ponsatí i Obiols, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Sánchez Picanyol, Jordi Cuixart Navarro, Carme Forcadell i Lluís y Marta Rovira i Vergés.

Igualmente mantiene en ele Auto la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Oriol Junqueras i Vies, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro.

Los procesados por malversación

El juez Llarena resolvía en su Auto de ayer procesar por un delito de malversación de caudales públicos del Artículo a Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre,Raül Romeva i Rueda, Meritxell Borràs i Solé, Clara Ponsatí i Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Joaquim Forn i Chiariello, Josep Rull i Andreu, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Dolors Bassa i Coll, Santiago Vila i Vicente y Meritxell Serret i Aleu.
A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsellers procesados por delito de rebelión los procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Procesados por rebelión

Llarena ha acordad encausar por un delito de rebelión a 13 investigados en la causa en la que investiga el proceso de secesión de Cataluña: el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles
Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsellers del Govern catalán -Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa-, la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, se dirige a los alcaldes por la independencia tras la aprobación de la DUI en el Parlament. © Generalitat de Catalunya. Hoy la mayoría de los políticos que figuran el la foto, incluidos Turull, Forcadell y Junqueras.

Según explica LLarena en el Auto de procesamiento:”…el delito que se analiza es plenamente exigible a quienes, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal y persistieron en realizar aportaciones esenciales que impulsaran el ilícito comportamiento que desplegaban.
Ello es claramente apreciable en el presidente de la Generalidad de Cataluña, Cales Puigdemont i Casamajó, en el vicepresidente Oriol Junqueras i Vies, y en Joaquim Forn i Chiariello. En igual situación se encuentra la participación que se atribuye a Jordi Sánchez Pincanyol y Jordi Cuixart Navarro.

Existe además un grupo de encausados cuya contribución -siempre posterior al 20 de septiembre- consistió en garantizar la realización de la votación, sabedores del impulso que otros hacían para que la movilización popular protegiera su desarrollo.”

Procesados por desobediencia

El juez procesa además en virtud de su Auto a los otros 5 exmiembros del Govern catalán cuando sucedieron los hechos -Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret- por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

Cinco exmiembros de la Mesa del Parlament de Catalunya -Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP; y Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo quedan procesados por un delito de desobediencia.

Llarena sube la fianza

El juez Llarena fija como nueva cuantía de la fianza en garantía de las responsabilidades pecuniarias, la de €1.602.001,57.

La fianza incrementada en un tercio de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 589 de la LECRIM, es decir €2.135.948,6, deberá ser prestada solidariamente por los procesados Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Meritxell Borràs i Solé, Clara Ponsatí i Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Joaquim Forn i Chiariello, Josep Rull iAndreu, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Dolors Bassa i Coll, Santiago Vila i Vicente y Meritxell Serret i Aleu.

Imagen sobre el titular.- Tribunal Supremo de España (detalle de la fachada) Fotografía de Cberbell (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons. Para ver el original de la imagen clic aquí

 

 

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