El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros iniciar la tramitación parlamentaria de la nueva Ley para Startups Innovadoras, vulgarmente conocida como la nueva Ley de Statups y mal calificada como Ley de Emprendedores porque ni le facilita la vida a todos los emprendedores ni lo pretende.
Siempre es arriesgado analizar una norma que todavía no ha sido aprobada en Cortes y cuando tampoco ha dado el Gobierno a conocer el texto del Proyecto de Ley. No obstante, algo ha adelantado la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Nadia Calviño sobre el contenido de un proyecto de norma que, según dice la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: Era necesaria para dotar de un marco regulatorio específico a este tipo de empresas, que constituyen la base de la nueva economía digital, generan puestos de trabajo altamente cualificados y tienen mucho potencial para crecer si logran superar dificultades inherentes a su propia naturaleza como la falta de financiación y de capacidad para captar y retener trabajadores de alto valor añadido en sus fases iniciales.
Con esta norma de impulso al emprendimiento innovador, añadió Calviño, España se va a situar entre los países más atractivos para la creación de startups, «pensando muy especialmente en la generación de oportunidades para los jóvenes y en la atracción de inversión y talento».
Ventanilla única, ventajas fiscales y de cotización a la Seguridad Social, exención de aranceles y tasas en notarios y BORME, mejora de la información para el acceso a líneas de financiación públicas, regulación de los sandbox o bancos de pruebas, normas concursales específicas, o un régimen fiscal especial para los nómadas tecnológicos se encuentran entre las ventajas e incentivos a la creación de este tipo de empresas.
¿Qué es una startup innovadora y quién decidirá que lo es?
Se considera startup a los efectos de este Proyecto de Ley a las empresa de nueva creación o de menos de 5 años (7 años en el caso de empresas de biotecnologías, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), independiente de otras empresas, que no cotice en un mercado de valores, no distribuya ni haya distribuido beneficios, tenga carácter innovador y tenga un volumen de negocios anual de hasta €5 millones.
Será ENISA (Empresa Nacional de Innovación SME) la encargada de otorgar la declaración de carácter innovado de la empresa para que pueda acogerse a los beneficios de la futura Ley de Starups Innovadoras.
Trámites administrativos más ágiles y más baratos
El Proyecto de Ley prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); la creación de la empresa por medios telemáticos; y la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).
Ventajas fiscales para inversores, socios y la propia startup
Este Proyecto de Ley incorpora medidas fiscales que pretenden atraer y recuperar el talento nacional e internacional, atraer inversión y favorecer la creación de hubs digitales en España.
De este modo, se reduce el tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.
Se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.
Se amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.
Se permite el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente. Y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.
Ventajas de seguridad social para los trabajadores de la startup
El Proyecto de Ley elimina durante 3 años la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por cuenta ajena.
Para atraer nómadas digitales
Otro de los avances incluidos es el relativo a la figura de «nómadas digitales», es decir, aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Estas personas tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen fiscal especial y tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Con el objetivo de repatriar talento se relajan los requisitos generales para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no residencia previa en España).
Otras ventajas
Fomento de la compra pública innovadora o la exención de la causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.
Regula los sandbox o bancos de pruebas
El Proyecto de Ley incluye una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente experiencia exitosa del sandbox del sector financiero. En ese sentido, se permitirá la prueba de innovaciones de las startups durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.
Institucionaliza la colaboración entre Administración, universidades y sector innovador
El Proyecto de Ley fomenta también la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos.
Como el Proyecto aspira a responder a las necesidades presentes y futuras de las empresas emergentes recoge un mecanismo de revisión continua y la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, como espacio de encuentro entre el sector y las Administraciones Públicas.
Financiación
La Ley de Startups no trae otro «pan debajo del brazo» pero sí pretende conseguir que este tipo de empresas reciban un asesoramiento claro sobre las líneas de financiación y fondos Europeos de los que pueden beneficiarse, como el FondoICO Next Tech, cuyo objetivo de inversión es alcanzar los €4.000 millones y ha sido diseñado para apoyar financieramente a las empresas en fase de crecimiento.
También pueden beneficiarse de la línea de financiación de ENISA, que cuenta con €51 millones, orientada a la creación de startups lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador. Igualmente existen multitud de Fondos Europeos que pueden solicitar.
Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como puntos de información sobre medidas de apoyo y ayudas, con el apoyo de un portal web de referencia en español e inglés.
Otros dos Proyectos de Ley que pretenden completar el entorno pro-emprendimiento
El Proyecto de Ley de Startups se enmarca dentro de las reformas estructurales del Plan de Recuperación orientadas a mejorar la demografía empresarial y mejorar el clima de negocios, de forma complementaria con el Proyecto de Ley Crea y Crece recientemente adoptado por el Gobierno y el Proyecto de Ley de Reforma Concursal, actualmente en proceso de finalización.
Concretamente el Proyecto de Ley Crea y Crece por ejemplo permite constituir una sociedad con tan sólo €1 de capital social y las startups innovadoras podrán beneficiarse de este cambio.
