Las cuatro grandes compañías eléctricas asociadas a aelēc defienden la reforma de la tarifa regulada, limpiar la factura de la luz de costes no relacionados con la generación, distribución y transporte de la energía eléctrica (impuestos y peajes) y avanzar aceleradamente hacia la generación con renovables en lugar de intervenir el mercado, que es, a su juicio lo que ha acordado hacer el Gobierno.
«Las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica. Tampoco resulta de utilidad tomar en consideración una supuesta sobre retribución de tecnologías, que no están amortizadas, son claves para la transición energética y, en muchos casos, operan en pérdidas desde hace años», afirma esta asociación en su comunicado.
aelēc agrupa a cuatro grandes eléctricas: EDP, Endesa, Iberdrola y Viesgo.
El Foro Nuclear afirma que de aplicarse el Proyecto de Ley para minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO2, esto abocaría al cierre de las centrales nucleares si no se rebaja la presión fiscal actual.
Y el Presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce avisa: “El cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año”.
Esta patronal agrupa, aparte de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y Valdellós II, a varias compañías grandes eléctricas como EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy además de otras empresas involucradas en la cadena de valor de la generación eléctrica a partir de energía atómica.
Medidas desacertadas que ponen en peligro la sostenibilidad de esta industria, indica aelēc
Dice literalmente el comunicado de la patronal eléctrica : «…Las empresas eléctricas tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses, a unos precios muy inferiores a los del mercado spot. Con estas ventas a plazo se han ido formalizando las ventas a precio fijo de los clientes en mercado libre. Ahora se les va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 €/MWh, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO2 (ahora en fase de Proyecto de Ley tramitándose en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 €/MWh. Como se puede comprobar, ni las empresas eléctricas se están beneficiando de los precios actuales del pool, ni los ingresos cerrados por las tecnologías hidráulica, nuclear y otra renovable permiten minoraciones de ingresos como los previstos por este Real Decreto-ley y por el Proyecto de Ley de minoración de CO2.»
La mencionada asociación señala igualmente que: «El sector eléctrico está asumiendo grandísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones de euros este año. Todos fundamentales para que nuestro país cuente con un suministro de calidad incluso en los escenarios más adversos.»
«Respecto a la obligación de subastar energía, también recogido en el anunciado Real Decreto-ley, ya se introdujo en 2007, y el resultado fue una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios. Ya pudimos comprobar que esta medida no sirve para bajar los precios ni beneficia a los consumidores de ninguna forma.»
No lo dice el comunicado, pero a menores ingresos, es previsible que las eléctricas asociadas en aelēc reduzcan sus inversiones en renovables.
Las nucleares no habrían pedido la renovación de autorizaciones en estas condiciones
El Foro Nuclear subraya en su comunicado que con el este Proyecto de Ley para la nueva regulación del precio del CO2 en vigor, «no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes.»
Y describe un panorama de cese anticipado de actividad en las centrales nucleares por ‘inanición’: «La excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 -en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero- le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad.
El Foro Nuclear pide que de entrar en vigor la nueva normativa sobre minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, esta regulación no se aplique en ningún caso retroactivamente.
El actual aumento de generación eléctrica con combustibles fósiles tiene la culpa
Tanto la Agencia internacional de la Energía (AIE) como el Banco de España han advertido del problema económico y medioambiental que supone una demanda de electricidad que todavía no puede cubrirse con renovables.
Publicamos en la edición inglesa de Eastwind los resultados del estudio de la AIE (ver el link que proporcionamos al final de este post) y ahora citamos el estudio del Banco de España sobre la influencia del coste de los derechos de emisión de CO2 en los precios minoristas de la energía eléctrica publicado recientemente.
Explica literalmente nuestro Banco Central: «A lo largo de 2021 se ha producido en la UE un fuerte incremento del precio de los derechos de emisión negociados en el mercado, lo que está relacionado con el aumento en el grado de ambición de los objetivos de reducción de emisiones. Las ramas afectadas por el RCDE son aquellas cuyos procesos productivos conllevan una alta emisión de gases de efecto invernadero. Junto con las aerolíneas y determinados subsectores manufactureros, ello incluye, de modo muy destacado, la producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, que es responsable de casi la mitad de las emisiones de este tipo de gases.
Por consiguiente, el incremento del precio de los derechos de emisión ha dado lugar, en particular, a un aumento, de magnitud significativa, de los costes de producción de energía eléctrica mediante tecnologías que descansan sobre el uso de combustibles fósiles y, por tanto, sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, en Europa el mercado mayorista de la electricidad opera bajo un sistema marginalista en el que todos los generadores reciben un mismo precio, correspondiente al precio de casación de la oferta y la demanda, el cual se relaciona con los costes marginales de producción de la tecnología más cara. La lógica subyacente es incentivar la producción mediante procedimientos no contaminantes, como las tecnologías eólica o solar, cuyos costes marginales son muy reducidos, por lo que se benefician así de la retribución fijada a partir de las tecnologías con costes mayores, que son las más contaminantes. Al mismo tiempo, puesto que el precio de la electricidad soportado por los consumidores finales se fija, en parte, a partir de los precios del mercado mayorista, el proceso descrito ha contribuido a un encarecimiento de la cesta de consumo de los hogares».
