El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir contra 14 entes televisivos el procedimiento denominado “La Rueda”, en el que se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios derivados de los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos.
Las cadenas de televisión supuestamente implicadas en los hechos delictivos son Atresmedia, Mediaset, RTVE y las autonómicas de Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia, Aragón, Baleares, País Vasco, Madrid, Canarias, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una denuncia en 2016 a raíz de denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la SGAE que ponían en conocimiento la existencia de un grupo de socios de esta sociedad que desde hacía 10 años veían realizando actuaciones irregulares respecto al registro y/o modificaciones de obras musicales.
El magistrado cifra el fraude total en €100 millones teniendo en cuenta que el periodo investigado se refiere a los años 2006-2011. Las cantidades aproximadas que estaría ingresando el grupo de investigados rondarían los €20 millones anuales.
El juez atribuye a las 14 cadenas de televisión un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización y/o grupo criminal.
En un auto Moreno les da un plazo de cinco días para que se personen en la causa designando abogado y procurador.
Según explica el fiscal, la actividad delictiva “no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se emiten los repertorios musicales que generan los referidos beneficios económicos». Las cadenas habrían actuando en connivencia con los hasta ahora investigados con el objetivo de recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de quienes estaban hasta ahora siendo investigados en la causa.
El juez considera que la responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento, también debe trascender “a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión, porque no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador”.
El Auto del magistrado señala además que las diligencias practicadas hasta el momento revelan la inexistencia de mecanismos de prevención “dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Asimismo, estos indicios evidencian una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación”.
¿En qué consiste La Rueda?
El magistrado explica el funcionamiento de esta operativa conocida en el sector como “La Rueda”. Consiste en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si se tratarse de obras nuevas, sin variación alguna de la auténtica y original, en la mayor parte de los casos; en otros casos, se realizaban ligeras modificaciones respecto a la partitura original. Esos registros, explica Moreno, se realizaban bien a nombre de los denunciados o personas de su entorno o a nombre de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor.
El origen de la actuación denominada «retorno» este es el verdadero nombre técnico de la conducta ilícita, se encuentra, según explica el magistrado, en la creación por parte de las televisiones de editoriales musicales con las que pretendían rebajar el dinero que pagan anualmente a la SGAE.
A final de año, si las cadenas registran canciones que ellos mismos emiten deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra total que abonan a la sociedad de autores. Las televisiones suelen quedarse con el 50% de esos derechos. El otro 50% es el que remunera a compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias.
Esa operativa, añade el juez, la iniciaban los investigados mediante el contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras.
Con posterioridad, los denunciados registraban la obra emitida en televisión como arreglo suyo “ya sea cambiando el título, ya sea realizando ligeros arreglos y cobran los derechos de autor devengados cuando en realidad la obra es la clásica original sin ningún tipo de variación”.
Moreno concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la comisión de los hechos, no como un mero instrumento del delito sino como «auténticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo”.
Imagen sobre el titular.- Entrada de la Audiencia nacional (Madrid).
