Conocido el contenido del acuerdo de investidura y legislatura cerrado por PSOE y Junts per Cat ayer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió una segunda declaración institucional en la que hacía saber que se opondría frontalmente a la Ley de Amnistía por todos los cauces legales disponibles de ponerse en marcha esas comisiones de parlamentarias de investigación cuyas conclusiones «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Dice el Pleno del CGPJ literalmente en su comunicado: «…La eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare'»…»implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos.»
La declaración de CGPJ se añade a otra emitida por el mismo órgano el 6 de noveimbre pasado en la cual alertaba de que una Ley de Amnistía del Procés supondría la abolición del Estado de Derecho en España.
También hace suyas y apoya todas las declaraciones emitidas por las principales asociaciones de jueces y magistrados y asociaciones de fiscales protestando contra la referencia en el acuerdo marco de investidura PSOE-Junts al ‘lawfare’ y tildando de inconstitucional la puesta en marcha de las mencionadas comisiones parlamentarias de investigación.
¿Cuáles son esos cauces legales a los que alude el CGPJ?
¿Cuáles podrían ser esas acciones legales a su alcance que cita el CGPJ en su comunicado?
Cierto que el CGPJ no puede plantear un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía pero magistrados y jueces sí podrían recurrir al planteamiento de una Cuestión de Constitucionalidad ante el TC o ante el TSJUE (Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea) si se vieran obligados a aplicar la mencionada Ley de Amnistía. Sólo por poner un simple ejemplo.
Nada impide tampoco a las asociaciones profesionales de jueces, magistrados y fiscales «hacer lobby» ante las Instituciones Europeas con el fin de que la Unión Europea tome cartas en el asunto, bien para que se pronuncien las Instituciones Europeas o bien para que la Comisión interponga un recurso por incumplimiento contra el Estado Español ante el Tribunal de Justicia de la UE. No olvidemos que el Estado de Derecho y la separación de poderes son fundamento político y principio fundamental reconocido en los Tratados constitutivos de la UE y su respeto es requisito indispensable para que un Estado sea miembro de la Unión.
Jueces y fiscales, todos a una contra la referencia al lawflare y las comisiones de investigación, sin distinción de credo o ideología
Las asociaciones de jueces y fiscales españoles han cerrado filas en defensa de la constitución, de la separación de poderes y de la independencia judicial, principios y Ley fundamental que consideran amenazadas por el pacto para la investidura de Pedro Sánchez y la estabilidad de la posterior legislatura suscrito por Junts y PSOE. Jueces y fiscales de todo signo se muestran especialmente críticos con el compromiso sobre la promulgación de una Ley de Amnistía extendida y la constitución de las mencionadas comisiones parlamentarias de investigación.
«Una intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», dice el comunicado conjunto de APM, AJFV, JJpD y Foro Judicial Independiente.
«La aprobación de un instrumento que mutile la función de jueces y fiscales llevará a una quiebra flagrante de la separación de poderes», indica la la AF (Asociación de Fiscales).
«…pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes,» señala UPF (Unión Progresista de Fiscales)
«…un ataque insólito a la independencia judicial» que supone » lanzar una intolerable sombra de sospecha sobre la seguridad del Estado, y una lamentable hipocresía por parte de aquellos que llevan politizando la cúpula de la Justicia española en su beneficio desde hace casi cuatro décadas», explica APIF (Asociación Profesional Independiente de Fiscales).
APIF ataca al Fiscal General del Estado por mantenerse inactivo
«El Fiscal General permanece silente ante la amnistía y los ataques al trabajo de la Fiscalía, no vaya a ser que el nuevo Gobierno lo renueve en el cargo», señala el comunicado de APIF. Un comunicado especialmente agresivo que va mucho más allá de las consideraciones legales relacionadas con la perversión del sistema constitucional de separación de poderes.
Imagen sobre el titular.- Sede del Consejo general del Poder Judicial en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid. Imagen de Luis García (Zaqarbal) a través de Wikimedia Commons. Para ver el original de la imagen y los términos de la licencia clic aquí
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Links externos relacionados:
Comunicado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante el contenido del acuerdo de investidura pactado entre PSOE y Junts
