El Pleno del Senado ha aprobado hoy la reforma de los artículos 133 y 182 de su Reglamento. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, ha logrado el apoyo de los senadores de VOX y UPN con lo que ha sido aprobada con 147 votos a favor y 133 en contra.
La reforma del Artículo 133 propuesta por el PP atribuye a la Mesa de la Cámara la facultad de decidir en cada caso sobre la pertinencia de la tramitación urgente de una proposición de ley. Y lo hace al amparo del Artículo o 89 de la Constitución, según el cual «la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87».
La mencionada reforma podría dilatar la iniciación de tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado hasta finales de marzo o principios de abril de 2024, habida cuenta de la composición actual de la Mesa de esta Cámara, presidida por un senador del PP y compuesta por tres senadores más del PP y otros tantos del PSOE.
Eva Granados (Portavoz del PSOE en el Senado) ha adelantado que el PSOE planteará un Recurso de Inconstitucionalidad contra la reforma del Reglamento del Senado: «…»vamos a hacer un Recurso de Inconstitucionalidad porque hay Sentencias del Constitucional que dicen claramente que las proposiciones y los proyectos de ley se tratan de la misma manera y que quien tiene derecho a declarar la urgencia, la tramitación de urgencia de un proyecto, es o el Gobierno o el Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta del partido Popular no puede decidir aquí cambiar la Constitución». (más información sobre la jurisprudencia del TC que fundamentaría el recurso de Inconstitucionalidad que ha anunciado el PSOE, en los links que incluyo al final de este post).
Una reforma para evitar el abuso de las proposiciones de ley y los procedimientos de urgencia por parte del Gobierno Sánchez, dice el PP
El PP justifica la reforma diciendo que su objetivo es ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado, abriendo la posibilidad de que, en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los Senadores cuenten con el tiempo necesario para poder paliar, al menos, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social, de los que, como la experiencia demuestra, suelen adolecer este tipo de iniciativas legislativas».
El senador del PP por Aragón, Eloy Suárez, en apoyo de esta reforma denunció el pasado 8 de noviembre durante su intervención en el pleno del Senado «el “abuso” que se ha hecho por parte del Gobierno en funciones del Decreto Ley (138 en una legislatura), así como de las Proposiciones de Ley en temas complejos, “con el fin de evitar el control jurídico de los informes preceptivos en las leyes”.
También censuró “el uso y abuso” por parte del Gobierno de los trámites de “lectura única”, en la pasada legislatura, así como del “trámite de urgencia” que conlleva reducir la capacidad de análisis y estudio a la mitad de los plazos.
Suárez habló de “desprecio total y absoluto” de la función legislativa de las Cortes Generales y especialmente del Senado”, por parte del PSOE y la “obscena invasión del poder ejecutivo en el poder legislativo”, que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Y recordó además que la modificación delito sedición o malversación, tipos graves del Código Penal, se llevaron a cabo por parte del Gobierno, “sin las opiniones de expertos, los dictámenes del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial”.
El Senado cuenta con un plazo de dos meses desde que recibe una norma jurídica en tramitación parlamentaria para que su pleno se pronuncie sobre ella. Pero, cuando se trata de un procedimiento de urgencia, el plazo se rebaja hasta los 20 días. A esto se suma que si la norma jurídica se tramita como proposición de ley, no como proyecto de ley, los informes preceptivos (como el del Consejo General del Poder Judicial) en el caso de los Proyectos de Ley no son necesarios.
El Partido Popular se opondrá a la tramitación de la Ley de Amnistía en el Congreso
Mientras se aprobaba la reforma del Reglamento del Senado, Cuca Gamarra (Portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y Secretaria de organización del Partido Popular) hacía saber que el PP se opondría a la tramitación de la Ley de Amnistía en el Congreso porque «Lo que era inconstitucional en el año 2021 no puede ser constitucional en 2023.»…»La investidura de Pedro Sánchez tiene: Un precio político inmoral, un precio jurídico ilegal y un precio económico inasumible»…El PSOE beneficia a delincuentes que ni siquiera renuncian a volverlo a hacer: no es por convivencia, es la conveniencia de tener los 7 votos de Junts»…»Esta ley de amnistía nace del espíritu del Tinell, que consiste en excluir a media España del debate público. Esta ley solo ha generado división, incluso en el propio PSOE de antes del sanchismo. El respeto a la ley es fundamental: sin ley no hay convivencia ni democracia.».
La Ley de Amnistía implica, según Gamarra, «…impunidad para quienes atacan la convivencia, impunidad para la violencia e impunidad para la corrupción.»… «El único interés jurídico a proteger de la ley de amnistía del PSOE es que Pedro Sánchez siga siendo Presidente del Gobierno. «
Una vez tramitada y aprobada la Ley de Amnistía el PP podría presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra la misma ante el tribunal Constitucional ya que por sí sólo contaría con los 50 diputados necesarios para ello. De hecho Alberto Núñez Feijoo ha adelantado hoy en declaraciones a un nutrido grupo de corresponsales de la prensa internacional en España que su partido planteará un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía si llega a aprobarse.
