Completada el 10/11/2023 a las 19:30 h
El PSOE se ha hecho por fin con los votos de los diputados independentistas catalanes de Junts per Cat en el Congreso de los Diputados. El compromiso sigue a los alcanzados ya con EHBILDU, BNG y Esquerra Republicana de Catalunya. La investidura de Sánchez depende ahora ya únicamente de que el PSOE alcance un acuerdo con el PNV. Un acuerdo sin el cual la investidura del líder del PSOE resultaría fallida.
La fecha tope para evitar la repetición de las elecciones generales es el 27 de noviembre. Si para ese día Pedro Sánchez no logra ser investido, los españoles tendremos que acudir de nuevo a votar.
Más allá de un acuerdo de investidura, también de legislatura
Según explica Junts per Cat se trata de «un acuerdo marco en el que se establecen tanto las condiciones como los mecanismos para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado Español.
En el acuerdo, que es de investidura y legislatura, se constata también un mecanismo de verificación internacional de la negociación y los acuerdos; la negociación sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación, por parte de Junts, y el PSOE en contrapartida defenderá el pleno despliegue del Estatut del 2006; una ley de amnistía; la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y organismos internacionales; además, Junts propone una negociación sobre la cesión del 100% de los tributos a Cataluña y el PSOE, por su parte, un diálogo singular sobre el modelo de financiación actual.»
Carles Puigdemont ha advertido durante su comparecencia en Bruselas esta tarde para la presentación del acuerdo que el apoyo de Junts al PSOE durante la legislatura irá condicionado por el cumplimiento de los acuerdos: “Se tendrá que ganar el apoyo acuerdo a acuerdo, sin cumplimiento la legislatura no tiene recorrido. El ‘a cambio de nada’ ha ido a la papelera de la historia”.
«El pacto se asienta sobre las bases de devolver al cauce de la política, cualquier disenso entre las administraciones públicas españolas y catalanas, abriendo la posibilidad de un nuevo camino de entendimiento,» afirma Santos Cerdán (Secretario de Organización del PSOE) quien calificó el pacto como «histórico» y añadió: «Todo lo que hagamos será de acuerdo con la Constitución esa es nuestra línea roja».
El mencionado acuerdo de legislatura e investidura fue firmado en la madrugada de hoy en Bruselas por parte de Jordi Turull (Secreytario General de Junts Per Cat) y Santos Cerdán (Secretario de Organización del PSOE).
Renuncia a la vía unilateral
Esta voluntad de negociación expresada por las partes parece conllevar una renuncia a la vía unilateral. Una vía unilateral que condujo a la celebración del referéndum ilegal y la proclamación de la independencia de Cataluña posterior en el Parlament. Informamos cumplidamente de todo ello en Eastwind conforme sucedía en 2017 (ver links que adjunto al final de este post).
Aparte de lo dicho por Puigdemont y Cerdán en la rueda de prensa celebrada esta tarde, consta por escrito en el acuerdo sobre este punto: «PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable. La resolución debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad.
Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya.
Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Catalunya.»
Junts parece decidido a cumplir con el principio de solución negociada. Hoy mismo se ha abstenido en la votación de una iniciativa de la CUP orientada a la celebración de otro referéndum unilateral de independencia. También Esquerra Republicana de Catalunya se ha abstenido y la moción no ha llegado a aprobarse.
Propuesta de referéndum y pacto sobre una Ley de Amnistía extendida capaz de evitar casos de «lawfare»
Cualquiera que lea el texto del acuerdo marco de investidura y legislatura lo que encontrará es que ambas partes se comprometen a negociar, que establecen un mecanismo para ello con la participación de un observador internacional externo y que se delimitan las posiciones de partida tanto del PSOE como de Junts en dicha negociación.
El texto habla de la celebración de un referéndum, pero sólo de que Junts propondrá que se lleve a cabo al amparo del Artículo 92 de la Constitución Española. El precepto establece la posibilidad de celebrar referéndums con carácter consultivo (no decisivo) y lo hace con las siguientes palabras: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».
El Artículo 92 de la Constitución Española se refiere a todos los ciudadanos, lo que supondría que en este referéndum tienen que votar todos los españoles no sólo los que se encuentren empadronados en Cataluña o los que hayan nacido en Cataluña.
Un referéndum sólo para los habitantes o los nacidos en Cataluña, cuando se pregunta por la ‘secesión’ de una parte del territorio de un país que pertenece todos sus ciudadanos conculcaría el principio de igualdad de los españoles. Igual que lo haría la promulgación de una Ley de Amnistía para los implicados en el Procés según opina el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial).
La Ley de Amnistía exigida por Junts tendría un dudoso encaje constitucional, a juicio del Pleno del Consejo General del Poder Judicial y más en los términos extendidos a los que se refiere la cláusula del texto que analizamos (en Eastwind nos hicimos eco de la declaración institucional sobre la Ley de Amnistía publicada el pasado día 6 de noviembre por el CGPJ, más información en el link que proporciono al final de este post) .
Para satisfacer las exigencias de Junts per Cat la Ley de Amnistía, aplicable a todos los actos relacionados con el Procés desde 2012 tendría que abarcar «tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.»
Se formarán comisiones de investigación ad hoc cuyas conclusiones se tendrán en cuenta a la hora de aplicar la Ley de Amnistía y, en su caso entablar acciones de responsabilidad o llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para ello: » En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas,» dice el acuerdo marco.
En el ámbito político el término lawfare (compuesto por dos palabras law =ley y fare =warfare o guerra) no es otra cosa que el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político.
Sobre la ley de amnistía, Puigdemont ha explicado en este sentido que «no deja a nadie fuera, tampoco a las víctimas de la guerra sucia» y que «es una manera de devolver a la política lo que es de la política». También ha defendido que “las víctimas tenemos el derecho a saber la verdad, no sólo a que se nos repare la injusticia de una persecución política, sino a que esto no vuelva a ocurrir, o que si ocurre sean perseguidos por la justicia los responsables y no las víctimas”.
Tanto el Consejo General del Poder Judicial, como las asociaciones de Fiscales como las cuatro principales Asociaciones de Magistrados y Jueces de nuestro país se han declarado contrarias tanto a la referencia del acuerdo marco al lawfare como a la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que el acuerdo marco denomina “responsabilidades” derivadas. Incluyo abajo los links a los comunicados publicados hoy por las asociaciones de jueces, magistrados (las cuatro de signo y orientación muy diferente suscriben el mismo comunicado), por las tres asociaciones de fiscales y por el propio CGPJ. En general todos estas declaraciones consideran el acuerdo marco de investidura y legislatura contrario al principio de separación de poderes y un ataque a la independencia judicial (incluyo links a los mencionados comunicados y un extracto sustancial de lo que dicen en el área dedicada a los links externos relacionados situada al final del presente post).
Modificación de la LOFCA y cesión a la Generalitat de todos los impuestos que se cobren en Cataluña
Junts adelanta que propondrá una reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica «que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya.»
El texto no dice que el PSOE aceptará dicha reforma de la LOFCA exigida por Junts pero sí que «el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.»
Ambas partes reconocen en el acuerdo marco la desconfianza mutua entre PSOE y Junts y que las posturas de ambas formaciones políticas frente a determinados asuntos se encuentran muy alejadas, incluso encontradas.
«Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue,» señala el documento.
Imagen sobre el titular.- Carles Puigdemont (diputado en el Parlamento Europeo por Junts per Cat) -izquierda- y Santos Cerdán (Secretario de Organización del PSOE). Imagenes por cortesía, respectivamente de Junts per Cat y PSOE.
Links externos relacionados:
Texto completo de la Declaración institucional del Pleno del CGPJ (6 noviembre de 2023)
Comparecencia de Santos Cerdán (Secretario de Organización del PSOE) para presentar el Acuerdo Marco de Investidura y Pacto de Legislatura firmado por Junts per Cat y el PSOE el 9 de noviembre de 2023:
Comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en relación con las referencias al lawfare contenidas en el acuerdo suscrito hoy por el PSOE y Junts: «la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos.»
«…las asocaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.»
Comunicado de la AF (Asociación de Fiscales) ante el contenido del acuerdo de investidura pactado entre PSOE y Junts: «La aprobación de un instrumento que mutile la función de jueces y fiscales llevará a una quiebra flagrante de la separación de poderes.»
Comunicado de la Unión de la Unión Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ante el contenido del acuerdo de investidura pactado entre PSOE y Junts: «Se plantean las causas abiertas contra los responsables de los hechos amnistiados como el resultado de lawfare (o guerra jurídica) creándose comisiones de investigación que podrán dar lugar a acciones de responsabilidad, en un ataque insólito a la independencia judicial. Esto lo firma el Partido Socialista. Esa medida que se acuerda supone lanzar una intolerable sombra de sospecha sobre la seguridad del Estado, y una lamentable hipocresía por parte de aquellos que llevan politizando la cúpula de la Justicia española en su beneficio desde hace casi cuatro décadas.»…»El Fiscal General permanece silente ante la amnistía y los ataques al trabajo de la Fiscalía, no vaya a ser que el nuevo Gobierno lo renueve en el cargo»
Comunicado de La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante el contenido del acuerdo de investidura pactado entre PSOE y Junts: «…mostramos nuestro absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la investidura. Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes»
Declaraciones de Santiago Abascal (líder de VOX) valorando el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts (video publicado por Abascal en X): «Comienza un periodo negro en la historia de España, hoy se ha puesto en marcha un golpe contra la Nación».
«Iniciamos una resistencia civil que será larga y que sólo tiene un final. O el dictador en el banquillo, o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel»
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