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El Tribunal Supremo se opone al indulto para los 12 condenados por el «Procés»

El Tribunal Supremo explica en su informe que no aprecia la concurrencia de ninguna de las circunstancias que justificarían que el Gobierno concediera el indulto a los 12 condenados en la causa del «Procés».

Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
El informe negativo del tribunal Supremos se suma al también negativo de la Fiscalía sobre el mismo asunto.

Recordaremos a nuestros lectores que el Gobierno tiene la obligación de pedir que el Tribunal Supremo y la Fiscalía emitan informes sobre los indultos que el Ejecutivo pretenda conceder. Estos informes aunque preceptivos no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo.

No obstante, la concesión del indulto por parte de Sánchez podría recurrirse posteriormente en sede judicial ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. De hecho el PP ha anunciado que lo hará.

Pocas veces ha sucedido que las víctimas de un delito recurran el indulto concedido por el Gobierno mediante Real Decreto a los condenados. Pero Eastwind tiene noticia de tres recursos (resueltos entre 2003 y 2013), de los cuales al menos dos fueron estimados.

El Indulto debe ser firmado por el Rey para que sea eficaz, pero la legalidad del Decreto en el que lo propone el Gobierno sí es recurrible, como se ve en las decisiones que mencionamos, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal Supremo. Falto de la motivación necesaria, el Tribunal puede anularlo y el Rey no se vería en la tesitura de negarse a firmarlo, en su caso.

El TS se declara contrario a cualquier tipo de indulto, total o parcial a los condenados en el «Procés»

El tribunal que juzgó la causa del ‘procés’ ha informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto (total o parcial) a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar las razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de esta medida de gracia.

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Manuel Marchena (Magistrado del Tribunal Supremo). Imagen de Manuel Castells a través de Wikimedia Commons. Para ver la imagen original y leer los términos de la licencia, clic aquí

El informe, ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Así, “la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados. La Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos. Pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.

Falta el arrepentimiento, requisito esencial para la concesión de un indulto

Los condenados no han contribuido dice el Tribunal Supremos, a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia y que no puede hacer constar en su informe “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”.
“Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”, subrayan los magistrados.

El tribunal quiso oír a los condenados, subraya el informe del Supremo, cumpliendo el trámite indispensable impuesto por la Ley de Indulto, y que la mayor parte de ellos, salvo Jordi Cuixart y Santi Vila, no informaron, por lo que “con su silencio privaron a la Sala de la valoración de los elementos decisivos para respaldar nuestro informe y, lo que es más importante, nos obliga a una interpretación flexible que no vea en esa falta un impedimento formal que sugiera el cierre del expediente”.
Como consecuencia, la Sala interpreta que la oposición de los condenados a la sentencia encierra la implícita reivindicación de que la responsabilidad criminal declarada sea ahora extinguida mediante el ejercicio del derecho de gracia.

“Y ello aunque, por razones estratégicas de una u otra naturaleza, esa voluntad no llegue a exteriorizarse públicamente o, en algún supuesto singular, se llegue a sugerir de manera indubitada un rechazo a esa medida impetrada por otros, por lo que pudiera suponer de aceptar un perdón por lo que se entiende que no debe ser perdonado. Y en otros casos, la indiferencia o indolencia, aparente y puramente fingida o real, sitúe a algunos penados en las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que cabe esperar de quien aspira a ser indultado con arreglo a los parámetros perfilados normativamente”, según la sentencia.

Falta de arrepentimiento especialmente evidente en el caso de Cuixart

El informe cita a Jordi Cuixart que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito.

Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal.»

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Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural). Fotografía de Òmnium a través de Wikimedia Commons. para ver el original de la imagen y leer los términos de la licencia, clic aquí

«De hecho», subrayan los magistrados, «expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual».

La Administración Penitenciaria ha contribuido a la falta de arrepentimiento por entorpecer el cumplimiento de los fines de la pena

A juicio del Tribunal sentenciador, tampoco facilita su tarea el criterio de la administración penitenciaria que, “desde el primer momento del cumplimiento de la pena y en la elaboración de los informes unidos al expediente, bajo la apariencia de una valoración diferenciada, ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento de “los presos del procés” sin atender a la evolución personal e individualizada de cada uno de ellos”.

Ese criterio institucional, añaden los magistrados, “con visible distanciamiento de los requerimientos legales y que ha tenido que ser corregido una y otra vez por esta Sala, ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión en grado y, ahora, del derecho al indulto”.

Solicitudes desenfocadas que dibujan una responsabilidad colectiva, no personal

En su informe, la Sala advierte un llamativo desenfoque en las peticiones de indulto que buena parte de ellas no mencionan consideraciones de equidad o justicia y que “dibujan una responsabilidad penal colectiva, solidaria, compartida por un sujeto activo plural que respondería a la denominación de “los presos del procés”.

El Tribunal argumenta que esta responsabilidad compartida, grupal, ligada por vínculos de coincidencia ideológica entorpece el razonamiento a la hora de exponer los motivos que justificarían su extinción y no permite entender ni justificar el efecto extintivo que es propio del indulto.

El Gobierno no es una segunda instancia correctora de la injusticia de las sentencias

El tribunal explica que el indulto, contrariamente a lo que sugieren algunas de las solicitudes presentadas en nombre de los condenados, no puede presentarse como una segunda instancia ante el Gobierno de la nación ni como el último mecanismo para reparar la supuesta vulneración de derechos fundamentales. “Lejos de subrayar las razones que justificarían la innecesariedad de la pena, optan por centrarse en una crítica jurídica de la sentencia dictada por esta Sala, llegando a cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Nada de penas desproporcionadas a la gravedad del delito, sino todo lo contrario

Varias de las solicitudes de indulto justifican la extinción de la responsabilidad criminal por la desproporción de las penas ante un delito contra el orden público.
La Sala recuerda que su sentencia proclamaba con nitidez que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público “lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara, por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario, no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”.

Por ello el tribunal considera que el enfoque tiene que ser distinto cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática.
La Sala analiza los tipos penales vigentes en sistemas extranjeros en relación con los hechos juzgados y concluye que desde el derecho comparado también debe rechazarse la conclusión acerca de la quiebra del principio de proporcionalidad.
En relación con los penados que también fueron condenados por un delito de malversación de caudales públicos, el informe afirma que es más que evidente que en cualquier sistema penal democrático, la aplicación de fondos públicos a fines ilícitos, mediante actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, constituye un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad.

Tampoco procedería indultar a los condenados sólo por desobediencia

El Tribunal Supremo recoge también en su informe las razones por las que considera improcedente la concesión del indulto a los condenados sólo por un delito de desobediencia que no cumplieron penas de prisión.

En este caso, señala que su negativa se deriva de la ausencia de cualquier razón que obligue a corregir un desenlace punitivo que, en modo alguno, puede considerarse contrario al principio de proporcionalidad. Sobre todo, según la Sala, porque el abono de las penas pecuniarias que le fueron impuestas y el tiempo transcurrido desde la firmeza de la sentencia, descartan el efecto extintivo que es propio del indulto.

Imagen sobre el titular.- Tribunal Supremo de España (detalle de la fachada) Fotografía de Cberbell a través de Wikimedia Commons. Para ver el original de la imagen clic aquí

Links externos relacionados:

Informe del Tribunal Supremo sobre la solicitud de indultos para los 12 condenados en la causa del «Procés»

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