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¿Beneficia a Puigdemont la derogación del delito de sedición?.- Llarena lo procesa ahora tan sólo por desobediencia, aunque mantiene la imputación por malversación de caudales públicos

Ante la derogación del delito de sedición, por el que estaban procesados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Marta Rovira, el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, entiende que los hechos de la causa relacionados con el mismo son subsumibles ahora en un delito de desobediencia y ha dictado Auto a los efectos de cambiar la calificación de los hechos por los que se enjuicia a los mencionados separatistas catalanes.

Por el contrario, este juez del Tribunal Supremo afirma que no debe modificarse sino mantenerse el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por un delito de malversación de caudales públicos, al considerar que la reforma de dicho delito no afecta a los hechos investigados en el sentido de eliminar o minorar la pena prevista en la tipificación que hoy se deroga.

Pena de multa e inhabilitación pero no de cárcel, aunque en ningún caso desórdenes públicos

Muy crítico con la reforma del Código Penal referida a ambos delitos, Llarena afirma en su Auto que «aunque la exposición de motivos de la reforma diga que lo que busca es una mayor proporcionalidad en la respuesta penal, la opción legislativa no ofrece un menor reproche penal para quienes están pendientes de un eventual enjuiciamiento sino “un contexto cercano a la despenalización, al haberse derogado la sedición y siendo retroactivas las normas penales que favorezcan al reo.»

«Tampoco los hechos encajan en los tipos penales de desorden público vigentes en 2017 como también resulta inviable una sanción por los nuevos tipos penales de desórdenes públicos porque ni puede considerarse que contemplen actuaciones como la investigada, ni desde luego son aplicables a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor”.

Llarena indica en resumen que los hechos serían únicamente subsumibles en el delito de desobediencia del art. 410 del C.P entonces vigente, sancionado con pena de multa e inhabilitación para cargo público de hasta dos años.

Posible pena de cárcel pero por delito económico: No cabe aplicar los tipos penales atenuados de la malversación

Llarena explica en el Auto la consideración de la malversación como una actuación apropiatoria en la que se dispone del dinero o bienes públicos como si fueran propios y se desposee al patrimonio público de la disponibilidad definitiva de los mismos no se ha visto modificada porque la reforma de 2015 incorporase a la previsión punitiva del art.432 del Código Penal los supuestos de administración desleal de caudales públicos.

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De izquierda a Derecha: Toni Comín, Clara Poinsatí y Carles Puigdemont.© Junts per Cat.

“Si el dinero es un instrumento de cambio que permite concretar el contenido de la obligación recíproca de pago en algunas obligaciones onerosas, el ánimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la Administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la Administración, como cuando se atribuye a la Administración una obligación de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan. En ambos supuestos se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular”, añade.

Por último, el auto descarta también que se puedan aplicar los tipos penales atenuados de la malversación porque serían únicamente apreciables si se dispone temporalmente del bien público, con intención de devolverlo posteriormente y por tanto con mera voluntad de uso temporal del mismo.

Nuevas euroórdenes y ódenes de busca y captura para Rovira y Poinsatí

Juez Pablo Llarena
El juez Pablo Llarena, fotografía de Contrainformación a través de Wikimedia Commons. Para ver el original de la imagen y los términos de la licencia, clic aquí

En su auto, el juez deja sin efecto las euroórdenes, y las órdenes nacionales e internacionales de detención, que estaban dictadas contra los cinco procesados declarados en rebeldía, ante la reforma de los tipos penales que se les atribuían y que motivaron su emisión, lo que comunicará a los órganos judiciales de ejecución de Bélgica e Italia.

Al mismo tiempo acuerda una nueva orden de busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont, Comín y Puig por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia por los que mantiene ahora su procesamiento.

Respecto a la emisión de nuevas euroórdenes y órdenes internacionales de detención con fines de extradición contra los tres citados, al ser los únicos a los que se atribuye ahora la comisión de hechos que pueden ser castigados con pena de prisión, el juez Llarena pospone la decisión a que el Tribunal General de la Unión Europea decida sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria de los dos primeros, y a que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial planteada por el magistrado.

En lo que respecta a Rovira y Ponsatí, el auto acuerda su detención a efectos de recibirles declaración por un delito de desobediencia.

Una reforma no justificable por falta de homogeneidad con otros países europeos

Llarena sostiene en su Auto que nuestra previsión legislativa “hasta hoy, era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado, sin que pueda argumentarse que existe una discordancia punitiva entre España y otros países esgrimiendo la falta de colaboración de algún país a la entrega de los encausados fugados”.

Aparte de contestar una a una las razones que se incluyen en la exposición de motivos de la ley de reforma, Llarena subraya en su Auto que el Tribunal que juzgó el procés, en su informe sobre los indultos, señaló que, al margen de la denominación con la que cada Estado criminaliza hechos similares, su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno, como lo es la relevancia de las penas previstas para comportamientos de esta naturaleza.
Así, el tribunal señalaba que en Alemania, los delitos de alta traición se castigan con penas de prisión perpetua o de al menos 10 años de cárcel. En Francia también se puede llegar a castigar con cadena perpetua a los dirigentes del movimiento insurreccional por ataques a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones.

En Italia, su Código Penal sanciona con pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques violentos contra la integridad , independencia o unidad del Estado.
Del mismo modo, en Bélgica se castiga con penas de 20 a 30 años el atentado que tenga como objeto destruir o cambiar la forma de Gobierno o el orden de sucesión al trono, imponiendo la misma pena al delito consumado y al intentado.»

El delito de sedición que se regulaba en nuestro Código Penal en los artículos 545 y siguientes y establecía unas penas entre cuatro y ocho años de cárcel, que podían llegar hasta diez y quince años si quien se alza es una autoridad. El tipo penal preveía además pena de inhabilitación para el eejercicio de cargo público.

Imagen sobre el titular.- Carles Puigdemont.

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