El Gobierno desincentiva la inversión en empresas del IBEX con un impuesto

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras y así lo hacía saber María Jesús Montero (Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno) durante la rueda de prensa posterior al mencionado Consejo.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de del lugar de residencia de los agentes que intervengan en estas operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los €1.000 millones.

La liquidación del Impuesto será mensual y los contribuyentes (bancos, gestoras, brokers o intermediarios financieros) deberán presentar una declaración anual.

El Ejecutivo espera recaudar con este gravamen €850 millones al año, una cantidad que fluctuará, lógicamente, dependiendo del número y cuantía de las operaciones de compra venta de acciones que se lleven a cabo y del precio de los títulos negociados.

Con la recaudación del Impuesto sobre Transacciones Financieras y del nuevo Impuesto digital el Gobierno Sánchez pretende cubrir el des balance de la Seguridad Social.

Quedan fuera del gravamen las operaciones de conversión de moneda (inicialmente el primer objeto de gravamen de la Tasa Tobin) y las transacciones sobre derivados financieros, donde se mueve verdaderamente la mayoría del gran dinero especulativo. Un tipo de productos, los derivados, que si se abusa de ellos fraudulentamente, como en el caso de las subprime, puede causar verdaderos descalabros financieros como el que inició la crisis económica global de 2018.

Según explica el Gobierno, el impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salgan por primera vez a Bolsa. El sujeto pasivo del tributo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición .

Cierto que la norma establece que los sujetos pasivos del impuesto son bancos, gestoras, brokers o intermediarios financieros, no los inversores o las sociedades cuyas acciones se adquieren. Pero el Gobierno no puede controlar que estos intermediarios terminen repercutiendo ese 0,2% que merma sus beneficios en el precio de los servicios que prestan.

¿Supondrá esto un problema para los grandes inversores? de ningún modo, pero sí encarecerá la compra de acciones del IBEX 35 que son las que quedan incluidas dentro de los requisitos de capitalización y puede costarle caro a los pequeños inversores.

Entre las operaciones que quedan exentas se encuentran, además de las compra-ventas en el mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de re estructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

El Gobierno Sánchez justifica este nuevo impuesto diciendo que el tributo afecta al sector financiero, que fue receptor de importantes ayudas públicas durante la crisis, de forma que ahora contribuirá más al mantenimiento del Estado de bienestar.

Pero si intermediarios y bancos repercuten el conste del impuesto en forma de subida del precio de sus servicios qien terminará contribuyendo al Estado de bienestar será el pequeño inversor o por ejemplo los fondos de pensiones o de inversión que inviertan en acciones de grandes sociedades y con ellos los pequeños ahorradores que forman parte de ellos en muy buena medida.

El impuesto sobre transacciones financieras, tal y como ha sido diseñado recaudará menos que lo hubiera hecho la Tasa Tobin como fue concebida en su origen y desincentivará que los pequeños ahorradores, entre ellos muchos pensionistas, inviertan en las grandes empresas del IBEX, en lugar de desincentivar el cierre de operaciones especulativas en corto.

El impuesto va en la línea defendida por la Comisión Europea, dice el Gobierno, y que ya han adoptado otros países, como Francia o Italia. Su aprobación también contribuye a una mayor coordinación de estos gravámenes en el ámbito europeo remacha.

Olvida el Ejecutivo que Austria, uno de los nueve países miembros de la UE entre los que en principio se habían embarcado en la aprobación de un impuesto sobre transacciones financieras a nivel Europeo, ha decidido no hacerlo porque tal y como se está configurando, dejando fuera los cambios de moneda y las transacciones sobre derivados financieros, ni recaudará lo bastante ni cumplirá el objetivo que se persigue, en una palabra que los grandes intermediarios compartan sus beneficios con la sociedad.

Imagen sobre el titular.- María Jesús Montero (Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno) -centro- en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hoy. Imagen, Pool Moncloa/JM Cuadrado

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