Hoy el Consejo Europeo debatirá con el fin de aprobar las medidas necesarias para paliar la subida de los precios de la energía derivados de la guerra en Ucrania, garantizar la seguridad en el suministro y reducir la dependencia energética que la UE actualmente tiene respecto a Rusia.
Además de una propuesta legislativa directamente relacionada con la seguridad de suministro, la Comisión ha desvelado el abanico de actuaciones entre las que a su juicio los Estados Miembros deberían elegir de cara a solucionar a corto plazo el alza feroz de los precios de la energía derivados de la Guerra de Ucrania, que son fundamentalmente tres:
a) Pool de medidas para intervenir el mercado energético (tanto desde el lado de la oferta como desde el de la demanda)
b) Creación de un grupo operativo para llevar a cabo compras conjuntas de gas a escala comunitaria
c) Creación de un equipo de negociación conjunto dirigido por la Comisión que llevaría las conversaciones con los proveedores de gas y prepararía el terreno para futuras asociaciones energéticas más allá del gas y del gas licuado del petróleo (GLP)
Medidas para intervenir el mercado energético
La Comisión expone los pros y los contras de los diversos enfoques para que los dirigentes europeos los estudien más a fondo, y está dispuesta a llevar adelante el trabajo que le corresponda. Muchas de las opciones planteadas se refieren a los síntomas de esta crisis, pero «es importante abordar las raíces del problema subyacente de estos precios de la electricidad tan elevados en la actualidad, con una actuación europea colectiva en el mercado del gas», subraya la Comisión.
Las medidas a corto plazo sobre el precio de la electricidad planteadas se agrupan en dos grandes tipos: Las compensaciones económicas y las opciones reglamentarias (ver el cuadro que adjunto debajo):
En el caso del gas la Comisión abre la posibilidad a limitar o modular el precio del mencionado combustible por ley o decreto: «…es una opción que puede considerarse, ya que tendría un impacto inmediato en los niveles de precios. Puede enviar una señal importante de que la UE no pagará el gas a cualquier precio, pero dicha intervención solo debe contemplarse como último recurso, ya que conlleva algunos inconvenientes en términos de seguridad del suministro de flujos de gas.»
Todas las medidas a corto plazo incluidas las propuestas por los Estados miembros conllevan costes en términos de igualdad, fiscales y de distorsión de la competencia en el mercado de la energía. Son tan sólo «parches» a corto plazo cuando es preciso atajar las raíces del problema, de ahí la importancia del Programa EEPowerEU que la Comisión tiene intención de presentar el próximo mayo y que Úrsula von der Leyen (Presidenta de la Comisión) esbozó ya al término de la Conferencia de Versalles el pasado.
La Comisión estudia además la posibilidad de orientar a los Estados miembros sobre la manera más eficaz de emplear en sus respectivos contextos las excepciones específicas por países establecidas ya en la Directiva sobre fiscalidad de la energía.
Las medidas propuestas hoy por La Comisión se suman a las que los Estados miembros llevan aplicano ya desde octubre de 2021 para paliar la inflación de precios energéticos derivada de la recuperación económica a la salida de la pandemia de COVID-19.
Propuesta de ley para garantizar la seguridad energética: Reservas mínimas y certificación obligatoria para los propietarios del almacenaje
La propuesta legislativa de la Comisión no sólo introduce la obligación de contar el próximo invierno con una capacidad de almacenamiento de gas que cubra un mínimo del 80% de las necesidades de consumo, obligación que se eleva al 90% en los años posteriores, con la fijación de objetivos intermedios entre febrero y octubre.
Para controlar que se cumple con el mínimo de reservas estipulado, los operadores de los emplazamientos de almacenamiento deberán notificar los niveles de llenado a las autoridades nacionales. Y los Estados miembros deberán supervisar mensualmente los niveles de llenado e informar al respecto a la Comisión.
Para evitar que las infraestructuras de almacenamiento de gas, vitales para garantizar la seguridad del suministro en Europa, estén en manos poco fiables o de quienes puedan plantearse perjudicar a la UE, la propuesta normativa de la Comisisón establece una nueva certificación obligatoria, aplicable a todos los operadores de sistemas de almacenamiento. Los operadores no certificados tendrán que renunciar a la propiedad o el control de las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE.
