Nada más conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compensación por copia privada (conocida como canon digital) el Gobieno en funciones ha emitido comunicado al respecto en el que aclara varios puntos sobre este asunto.
En primer lugar, el Ejecutivo en funciones explica que el Real Decreto impugnado por EGEDA, DAMA y VEGAP ante el Tribunal Supremo español establecía un sistema transitorio para la financiación del pago del canon digital y que así se dijo en su día.
En segundo lugar, el Ejecutivo en funciones explica que el cargarlo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue una solución transitoria, que regularizaba la situación de «inseguridad jurídica» provocada por dos circunstancias. En primer lugar, la Sentencia Padawan que declaró ilegal el sistema de canon digital, en virtud del cual se cargaba indiscriminadamente esta tasa en cada adquisición de un aparato o soporte reproductor (por ejemplo los CDs). Y en segundo lugar provocada por la inactividad del Gobierno Zapatero que no acometió la reforma de la regulación legal que era necesaria como consecuencia de la mencionada Sentencia Padawan.
El Gobierno en funciones aclara que la Sentencia del TJUE recientemente publicada resuelve una
cuestión prejuicial planteada por el Tribunal Supremo en el procedimiento iniciado por EGEDA, DAMA y VEGAP en el que el Tribunal Supremo español enjuiciaba la legalidad del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Que por esta razón el Ejecutivo tiene que esperar a ver cómo traslada la Sentenciaa del TJUE a nuestro ordenamiento jurídico el Tribunal Supremo, con el fin de acometer las reformas que sea necesario hacer en la regulación española sobre el canon digital.
La Sentendcia del TJUE, junto con la Sentencia Padawan, dejan de nuevo en el aire el sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada, una compensación batallada durante años por las productoras de contenidos, los titulares de derechos de autor y las entidades gestoras de estos derechos.
Imagen sobre el titular.- Vista de la sede dl tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de parís.
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