La Unión de Contribuyentes (UC), con su Presidente, Ignacio Pina, a la cabeza ha hecho saber en comunicado oficial publicado este mismo viernes que la asociación se opone frontalmente a la introducción de un nuevo canon digital.
Estas declaraciones traen causa de la información publicada en el diario El País sobre le hecho de que el Ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, podría haber pactado con las entidades gestoras de derechos de autor la introducción de un canon que se aplicaría a los aparatos electrónicos con capacidad de grabar, icluidos los teléfonos móviles.
El Presidente de la Unión de Contribuyentes, Juan Pina, ha declarado hoy que «gravar un producto por el potencial uso indebido del mismo constituye una clara injusticia», y ha denunciado que «tras una batalla de años, la sociedad civil ha perdido y el oscuro lobby de las entidades de gestión ha ganado, al conseguir que el Gobierno quite a los contribuyentes cerca de cien millones de euros más para dárselos a ellas».
El Gobierno de España derogaba el llamado canon digital en 2011.
El comunicado de la UC
Reproducimos a continuación en su integridad el comunicado oficial publicado hoy por UC: «La
Unión de Contribuyentes (UC) ha manifestado este viernes su oposición frontal a la introducción de un nuevo canon digital, porque se trata en realidad de un impuesto encubierto que gravará injustamente la mayor parte de los soportes de memoria y de los aparatos electrónicos con capacidad de grabar, incluyendo cualquier teléfono móvil.
UC recuerda que el Gobierno acaba de aprobar un alza fiscal por valor de cerca de ocho mil millones de euros, que de forma directa o indirecta terminan recayendo sobre todos los ciudadanos. Encarecer ahora artificialmente bienes de uso tan necesario y generalizado constituye un nuevo abuso sobre los ciudadanos, que ya pagan un Impuesto sobre el Valor Añadido al comprar estos productos.
Además, para UC, el canon es un impuesto contrario a la ética más elemental, por dos motivos. En primer lugar, porque esta norma invierte la presunción de inocencia vulnerando flagrantemente los principios más elementales del Derecho, al convertir a cada ciudadano en presunto copiador ilegal, sin pruebas, y al obligarle a ser él quien demuestre que ha hecho un uso profesional del producto para conseguir que se le reembolse el canon. Y en segundo lugar, porque el canon lo pagarán solamente las personas físicas, como si estos aparatos y soportes no pudieran utilizarse para copiar cualquier tipo de contenido también cuando quien los compra es una empresa.»
Imagen sobre el titular.- © Unión de Consumidores (UC)
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