Última actualización 12 mayo a las 12:00 pm
La Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno aprobará la norma que regula la aplicación de la Excepción Ibérica el próximo viernes en Consejo de Ministros Extraordinario.
Rodríguez justificó la demora en la aprobación de la normativa que permitirá al Gobierno «topar» el precio del gas destinado a la producción de energía eléctrica para consumo de empresas y particulares dentro de España: » Se trata de un acuerdo que no sólo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros vecinos portugueses. Ayer mismo la Comisión Europea lo que hizo fue dar su carta de conformidad, es decir, esa pre autorización pendiente de nuestra propuesta legislativa, pero ésta es una propuesta que tenemos que llevar tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Portugal.
Estamos trabajando intensamente con nuestros colegas portugueses en estos últimos días, tenemos todo el mecanismo definido, hemos acomodado distintos ajustes con las peticiones que nos hizo la Comisión. Estamos esperando para que sean coincidentes las decisiones de ambos Gobiernos, de aprobar de manera paralela para que efectivamente este mecanismo de excepción de la Península Ibérica entre en vigor para atender a las familias y a las empresas portuguesas y españolas».
De acuerdo con las previsiones de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) publicada en el Informe sobre la Actualización Presupuestaria 2022-2025 publicado el 12 de mayo, el impacto total sobre el PIB (Producto Interior Bruto) español derivado de la escalada experimentada en los precios de la energía y la esperada en los mercados de futuros será de -0,6 puntos porcentuales en 2022 y de -0,5 puntos porcentuales en 2023.
Una medida que tiene sentido en la coyuntura actual pero que puede ralentizar la transición a las energías 100% limpias, dice FEDEA
A juicio del reputado think tank FEDEA la medida puede aliviar las presiones inflacionarias en la coyuntura actual: «Aunque el saldo neto de costes y beneficios sociales es difícil de calcular, en la situación actual seguramente tendría sentido utilizar un mecanismo de este tipo para suavizar el shock.
El incremento de los precios energéticos ha sido tan brutal que, por un lado, los beneficios de suavizarlo de alguna forma son seguramente muy considerables y, por otro, hay margen para ello, porque los incentivos para invertir en nueva capacidad generadora no gasista seguirán siendo más que razonables aunque se devuelva a los consumidores y al Gobierno una parte importante del aumento de precios.
Puesto que el mecanismo es graduable, debería utilizarse tanto para mitigar el shock actual como para facilitar el ajuste al mismo si resultara ser permanente. Con este fin, convendría establecer una subvención al gas que compense sólo parcialmente la subida de los precios eléctricos y tenga además una senda prefijada decreciente en el tiempo, dando un margen a los usuarios más intensivos de electricidad para buscar alternativas más eficientes, pero empujándoles desde el principio a moverse en la dirección correcta.»
Pero el mencionado think tank también advierte de que la modificación transitoria del funcionamiento del mercado ibérico de electricidad que los gobiernos español y portugués han negociado con la Comisión Europea es una medida de carácter general que merece una valoración muy matizada : «El mecanismo propuesto permitiría desacoplar los precios de la electricidad de los del resto de Europa, reduciéndolos significativamente para muchos consumidores domésticos y empresas mediante una subvención a los ciclos combinados de gas, cuyos costes de producción suelen determinar el precio de la electricidad.
Esta medida no implica necesariamente un coste presupuestario, pues la necesaria subvención se podría repercutir sobre los consumidores de electricidad, pero sí supone un incentivo al mayor consumo de gas y una reducción de los incentivos y los recursos de los productores no gasísticos para invertir en una ampliación de su oferta, que sería particularmente bienvenida en estos momentos en los que a la habitual preocupación sobre las emisiones hay que sumar los costes estratégicos de la dependencia de Rusia.
En la misma línea, habría que considerar también los posibles efectos sobre las decisiones de futuros inversores, que tenderán a exigir rendimientos más altos para compensar una mayor percepción de riesgo en aquellos países más proclives a tomar medidas de extracción de rentas, así como sobre los incentivos de hogares y empresas para buscar formas de reducir su consumo energético.»
Imagen sobre el titular.- La Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Moncloa, Madrid, Martes 10 de mayo de 2022. Fotografía, Pool Moncloa.
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