Después de muchas idas y venidas, de muchos dimes y diretes, con la oposición de internautas y otros colectivos, que han usado masivamente la Red para protestar, la llamada Ley Sinde, que no es una ley, pasó el trámite parlamentario y se ha publicado en el BOE. Precisamente el Domingo 6 de marzo, entraba en vigor.
Digo la “llamada Ley Sinde” porque no se trata de una ley sensu stricto elaborada por la ministra de Cultura y su equipo, sino de la “Disposición Final Segunda” de la Ley de Economía Sostenible, y, como tal, introduce en esta disposición más amplia una serie de cambios que afectan a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La nueva normativa no satisface ni a tirios ni a troyanos. Para algunos estamos ante una especie de chapuza jurídica que, entre otras cosas, no respetaría la libertad de expresión de los internautas y, en definitiva, dejaría al criterio de una Comisión de Propiedad Intelectual la posibilidad de cerrar páginas web que presumiblemente vulneren los derechos de propiedad intelectual. La cierta ausencia judicial en el proceso de toma de decisión, no de autorización, por principio no garantiza que los cierres acordados por la Comisión vayan a ser justos. Pero es que, además, se podrá actuar no solo contra quien cause un daño, sino contra aquello que “sea susceptible de causar un daño”. Otros hablan de la posibilidad de que haya listas negras e incluso de una muralla digital a lo chino en potencia.
¿Se pueden poner puertas al campo, en este caso al ciberespacio?. Me temo que no, sin correr otros riesgos. Una autoridad tan poco sospechosa como Francis Gurry, Director General de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), ha dicho recientemente en una conferencia que el sistema de copyright o se adapta a la era digital o morirá. Gurry centra el problema de cómo encarar la política de gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual en este sentido, manteniendo un equilibrio entre la disponibilidad de las obras culturales a precios asequibles y asegurar una digna remuneración económica para creadores e intérpretes. La tecnología digital está teniendo un impacto brutal sobre ese equilibrio y “mejor que resistir – ha subrayado – “necesitamos aceptar lo inevitable del cambio tecnológico y buscar un inteligente compromiso con él”.
Es difícil no estar de acuerdo con el Director General de la OMPI. Las ideas vertidas en la conferencia no tienen desperdicio. Para empezar propone, entre otras cosas, la creación de un “registro internacional de música (un repertorio global) que sería el primer paso para establecer la infraestructura de un sistema licensing a nivel mundial, tan fácil y cómodo de usar como de hecho es hacer una descarga ilegal. Tan sólo un ejemplo de lo que opina el Director General de la OMPI. Chapeau por Francis Gurry.
Imagen sobre el titular.- Ángeles González Sinde (Ministra de Cultura durante el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero). Imagen de Irekia [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
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