¿Comisión Permanente contra la Desinformación o vuelta a la censura?

El Gobierno de Sánchez publicaba esta mañana en el BOE una Orden que establece el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre.

En esta Orden se prevé la creación de la Comisión Permanente contra la Desinformación, la cual facilitará la coordinación interministerial a nivel operacional en la lucha contra la desinformación.

Coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional esta llamada Comisión 100% controlada por el Ejecutivo es la que tiene la función de asistir a los organismos anteriormente mencionados (Consejo de Seguridad Nacional, Comité de Situación y Secretaría de Estado de Comunicación) sobre aspectos relativos a la valoración técnica y operativa de posibles campañas de desinformación.
Cierto que la Orden no incluye la aplicación de cierres o sanciones a medios de comunicación directamente por parte del Gobierno, cierto que en la norma se habla de combatir la desinformación con campañas de información. Pero también lo es que esta Orden abre la puerta para que el Gobierno adopte otras actuaciones estratégicas con el fin de combatir la desinformación, más conocida bajo el nombre de «fake news».

¿Entre las mencionadas acciones estratégicas podría considerar el Gobierno, quizá, la censura de contenidos, la imposición de multas o el cierre de un medio de comunicación basados en una decisión del Ejecutivo o de algun otro órgano administrativo sin que sean acordados semejantes actos limitativos de la libertad de expresión del Artículo 20 de la Constitución Española judicialmente?.

La Orden no habla directamente de este tipo de actuaciones pero sí se refiere difusamente al hecho de que la Comisión Permanente contra la Desinformación asesorará y apoyará » la toma de decisiones de la Secretaría de Estado de Comunicación en materia de lucha contra la desinformación mediante el análisis, estudio y propuesta de iniciativas tanto en el ámbito nacional, europeo e internacional». Y la norma no aclara cuál puede ser la naturaleza de estas iniciativas.

Moncloa ha asegurado en comunicación oficial, que la Orden tiene la «intención de atajar la desinformación, se pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, así como fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático.»
Lo que busca España con este procedimiento es, subraya el Gobierno desde Moncloa, «definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos y, en ningún caso, vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución».

Bellas palabras, pero se entiende la desconfianza que ha generado la norma entre los profesionales de los medios de comunicación. Sobre todo si se repasa la tendencia hacia el control de los «cuatro poderes del Estado de Derecho» por parte del Ejecutivo de Sánchez.

Proyecto de control del Poder Judicial fallido, Estado de Alarma, y CIS digno de Stalin


La Orden que establece el procedimiento de actuación contra la desinformación llega además sólo unos meses después de la publicación el pasado abril, en pleno confinamiento por la COVID-19, de unos resultados del CIS, dignos de Stalin.

En el CIS de Abril se afirmaba que el 66,7% de los españoles cree que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la informacion sobre la pandemia a fuentes oficiales.

Publiqué en su día un comentario editorial sobre el mencionado CIS de Tezanos titulado «Confinar la libertad de expresión no ayuda a vencer al coronavirus: Reflexiones sobre el último Barómetro del CIS». Me remito ahora a todas las consideraciones que hice en él sobre la querencia hacia la censura de este Gobierno de coalición con componente populista, poco amigo de la libertad de expresión, sobre todo si quien la ejerce, el llamado «cuarto poder», critica con fundamento la actuación del Ejecutivo.

El Proyecto Sánchez para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial pone en riesgo serio uno de los fundamentos de nuestro estado de derecho, la división de poderes. Y así se lo hizo saber la UE a nuestro Gobierno.

Del estado de Alarma recientemente aprobado, ¿qué decir?. Cierto que facilita la adopción de medidas anti pandemia limitativas de derechos fundamentales como la libertad de circulación, pero también lo es que sustrae al Gobierno del control Parlamentario mientras dure.

FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid ponen el grito en el cielo


Varias Asociaciones de periodistas han emitido comunicados oficiales mostrando su «prevención» frente a la Orden «anti fake news» del Ejecutivo.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) aplaude cualquier propuesta para luchar contra la desinformación pero se muestra contraria a la Orden publicada hoy por el Gobierno Sánchez porque pone en manos del Ejecutivo una función que debería ser ejercida por un órgano 100% independiente.

«El periodismo tiene como una de sus principales obligaciones la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para difundirla. En este sentido, cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se muestra totalmente de acuerdo con cualquier iniciativa en este sentido.
Sin embargo, ponemos serios reparos a las herramientas anunciadas para esa lucha porque deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos,» dice literalmente el comunicado de FAPE.

La APM habla de riesgo de censura: «El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad. Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos. La libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático.»

La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) insta al Gobierno a que «aclare cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el recién creado Comité para la lucha contra la desinformación.»

Esta Federación profesional subraya que «el Gobierno tendría que aclarar cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello.»
También advierte que la FAPE que «estará muy atenta a que este Comité, al ser una dependencia del Gobierno, pueda ser utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión.»

Ante el riesgo de que la Comisión Permanente contra la Desinformación actúe como censor, FAPE recuerda al Gobierno que «son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no.» También subraya FAPE que «un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio».

Plan de la Comisión para proteger la Democracia Europea vs un Plan Sánchez mucho más «difuso»


El preámbulo de la Orden justifica la publicación de este procedimiento anti «fake news» del Gobierno en el cumplimiento del European Democracy Action Plan.
Dejando aparte el hecho de que la Orden «reinterpreta» y amplía los objetivos de este plan europeo frente a la desinformación y dejando a aparte que el Plan europeo no será sometido a la aprobación de la Comisión hasta finales de este año, lo cierto es que el preámbulo de la norma española establece como objetivo del procedimiento incluido en ella la lucha contra las «fake news» en ámbitos diferentes al del proceso electoral y la información sobre la COVID-19.

La Comisión explica por el contrario que: » El objetivo del plan de acción sobre la democracia europea es garantizar que los ciudadanos puedan participar en el sistema democrático mediante una toma de decisiones informada, libre de interferencias y manipulaciones ilegales.»

«El plan de acción también se basará» dice La Comisión, «en las lecciones aprendidas de la crisis de la Covid-19 e incluirá medidas sobre: integridad electoral, libertad de prensa, pluralismo de los medios y desinformación.»

Sin embargo y a apesar de las aclaraciones de Moncloa, la Orden deja claro en su preámbulo que el sistema que articula pretende combatir la desinformación que «puede estar presente y afectar a cualquier campo.»

Habla la Orden del Gobierno español de «fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación».

Más educación, más libertad y menos control de «papá Estado»


Con la FAPE y la APM, ningún Gobierno es quien para «examinar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación», más allá de garantizar que se dan unas condiciones de libertad de competencia en el mercado de medios tales que permitan la convivencia en pie de igualdad de medios de diferente signo capaces por el mero hecho de responder a diferentes posturas y enfoques de garantizar la libertad de información de los ciudadanos. Ciudadanos que, por otro lado, son o deberían ser mayores de edad y perfectamente capaces de discernir cuándo se les está informando y cuándo se está haciendo todo lo contrario.

Porque, unos, centrados en evitar la censura, y el Ejecutivo empeñado en «tutelar» a los ciudadanos al tiempo que acalla posibles críticas a su actuación, parecen olvidar que lo que con esta Orden se pone en peligro en realidad es el propio juego libre de un mercado informativo que necesita de la iniciativa privada plural para garantizar la libertad de información incluida en el Art 20 de nuestra Constitución de 1978.

Ojo con las estrategias de comunicación dirigidas por el Gobierno, porque podrían estar más cercanas a la propaganda que a la información. El fuego (la desinformación, las «fake news») se combate con agua (pluralidad informativa, más libertad) no con más fuego (medios propios del Estado dedicados a la propaganda, o estrategias de comunicación controladas por el Ejecutivo). Contra la propaganda opaca, la transparencia y la pluralidad informativa más meridianas. Contra el lavado de cerebro, más medios independientes y de calidad, no tanto la actuación de un «papá Estado» cuyo Gobierno podría ceder a la tentación de la comunicación interesada o de partido, en lugar de hacer comunicación al servicio del interés público.

Todavía más, contra las «fake news» nada más eficaz de unos ciudadanos, unos lectores, unas audiencias adultas, bien formadas y con mentalidad crítica. En una palabra, unos ciudadanos con una cultura sólida capaces de indagar la verdad por sí mismos en lugar de aceptar acríticamente «bulos» del tipo de que «Cristóbal Colón era catalán». Pero, claro, un ciudadano bien educado es por definición crítico, exigente, poco dócil para cualquier Gobierno. Necesitamos una buena ley de educación mucho más que una estrategia de comunicación dirigida por el Gobierno de turno. Y ahí lo dejo.

Periodistas sólo sometidos a controles independientes: Comisiones deontológicas y poder judicial


Con FAPE, recordamos al Gobierno Sánchez-Iglesias que «nuestros límites en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que ampara la libertad de prensa y el derecho de información, están en las leyes, en nuestro código deontológico y en la ética personal».

Son los juzgados y tribunales quienes deben decidir si periodistas y medios están «desinformando». Y para actuaciones contrarias a la ética profesional, nadie mejor que organismos como la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, en definitiva, un órgano independiente. El que menciono atiende, en este caso, las reclamaciones por incumplimiento del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

En cualquier caso, a ningún ciudadano culto con mente crítica se le escapa que la censura no puede ser en ningún caso el remedio contra la desinformación, porque más que atajarla, por definición la generaría.

Imagen sobre el titular.- © Eastwind


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Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (BOE-A-2020-13663)

La FAPE insta al Gobierno a aclarar las funciones y cometidos del Comité Gubernamental para luchar contra la desinformación

La APM alerta de que el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura

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